El presidente argentino Javier Milei decidió este artes designar por decreto a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema de Justicia (CSJN), en una medida que dañó aún más su imagen tras su giro en política exterior respecto de Ucrania y el escándalo de la criptomoneda $LIBRA, entre otros hechos que ponen en riesgo las chances de La Libertad Avanza (LLA) de cara a las elecciones parlamentarias de este año. La designación se hará efectiva hasta el final del próximo período legislativo, tal como prevé la Constitución en caso de vacantes.
“Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hasta el final del próximo período legislativo, a fin de normalizar el funcionamiento del máximo tribunal judicial de nuestro país, que no puede ejercer su función con normalidad con sólo tres ministros. Durante el período mencionado, esta gestión continuará con el trámite legislativo para que la Cámara Alta ejerza sus facultades y dé los acuerdos correspondientes a las candidaturas”, indicó la Oficina de la Presidencia (OPRA) en un comunicado.
“El Gobierno Nacional no tolera ni tolerará que los intereses de la política se impongan por sobre los del pueblo argentino, bajo ninguna circunstancia”, prosigue el documento.
Milei había postulado a Lijo y García-Mansilla el 20 de marzo de 2024, pero su conformidad quedó estancada en el Senado al no alcanzar los dos tercios de los votos. La Cámara Alta debió dar su conformidad a los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo. En ningún caso el Senado tiene la facultad de rechazar la conformidad de los candidatos propuestos por el Presidente en función de preferencias personales o políticas de los senadores, prosiguió el Ejecutivo.
De hecho, es la politización de la Justicia una de las principales causas de que los argentinos no cuenten con un servicio de Justicia que resuelva sus problemas. La Constitución establece claramente que es el Presidente, y nadie más, quien tiene la facultad de seleccionar a los candidatos para cubrir las vacantes en el Máximo Tribunal, limitándose el Senado a dar su conformidad o rechazarlos en función de un análisis objetivo de la idoneidad técnica de los candidatos, explicó además el comunicado.
Los senadores han evitado respetar la decisión de este Gobierno, aun cuando la falta de pronunciamiento implique un grave perjuicio al funcionamiento de uno de los tres poderes de la República, mencionó también la OPRA.
Tanto el presidente Javier Milei como todos los que formamos parte del Gobierno tomaremos todas las medidas necesarias para restablecer el normal funcionamiento de las instituciones de la República, enfatizó el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, en X.
A partir de la designación de Lijo y García-Mansilla, la Corte Suprema de Justicia funcionará con 5 magistrados como lo establece la ley, agregó.
El artículo 99 de la Constitución Nacional es claro: el Presidente tiene la facultad de nombrar magistrados en comisión para garantizar el funcionamiento del máximo tribunal. Esto permitirá su normal desempeño, que por la irresponsabilidad y especulación de los políticos había estado al borde de la parálisis, señaló asimismo el ministro.