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Gobierno uruguayo bajo la lupa por empresa escogida para imprimir pasaportes
A menos de una semana de su fin, el Gobierno uruguayo del presidente Luis Lacalle Pou recibió duras críticas por adjudicar la impresión de pasaportes a la empresa lituana Garsu Pasaulis, dada la asociación de ésta con el empresario bielorruso Viktor Shevtsov, sancionado por la Unión Europea. La medida ha suscitado preocupaciones sobre la seguridad e integridad del sistema de identidad del país.
Esta relación llevó a Lituania a cancelar el contrato con la empresa en 2024, por temor a que se comprometiera su seguridad nacional. En Kirguistán, Garsu Pasaulis provocó un escándalo al ganar una licitación de pasaportes biométricos por 12 millones de euros, lo que posteriormente dio lugar a una investigación por corrupción. En Zimbabue, se teme que la empresa haya estado involucrada en prácticas irregulares en la obtención de contratos de documentos de identidad.
Una investigación de periodistas lituanos ha destapado una red de actividades controvertidas que vinculan a Garsu Pasaulis con el monopolio de la industria holográfica bielorrusa. En 2011, estas entidades crearon conjuntamente en Lituania la empresa GP Holographics, dedicada a la producción de hologramas que se han utilizado en documentos destinados a terceros países. Entre sus accionistas se encuentra Shevtsov, identificado como la mano derecha del gobernante bielorruso Alexander Lukashenko.
La directora de Garsų Pasaulis, Anna Janauskienė, insiste en que todos los vínculos con GP Holographics se cortaron en 2022 después de la invasión rusa de Ucrania. Sin embargo, investigaciones recientes sugieren que Garsų Pasaulis transfirió sus acciones de GP Holographics a Shevtsov a través de un intermediario. Ambas empresas siguen registradas en Vilnius con la misma dirección y comparten el mismo administrador contable.
Shevtsov posee actualmente el 70% de las acciones de GP Holographics, mientras que el 10% pertenece a la empresa bielorrusa Holographic Industry, y el 15% restante está en manos del director general de esta última, Alexander Babarenko.
Además, el ex CEO de Garsų Pasaulis, Vytautas Vainikonis, fue condenado a dos años de prisión y a una multa de hasta 2,2 millones de euros por abuso de poder, falsificación de documentos, fraude crediticio a gran escala y legalización de activos obtenidos ilícitamente.
Ahora se teme que el acuerdo con el país sudamericano pueda conducir a la producción de pasaportes falsos que podrían terminar en manos de redes criminales en Rusia y Bielorrusia. Garsų Pasaulis ha sido declarada por las autoridades lituanas como “poco fiable” y se le ha prohibido firmar futuros contratos gubernamentales.
