El gobernante bolivariano de Venezuela, Nicolás Maduro, impulsa una reforma constitucional que, entre otros cambios, contemplaría penas más severas para quienes atenten contra la autoridad del gobierno, según se informó este fin de semana en Caracas. La actual Carta Magna data de 1999 cuando fue impulsada por el fallecido Hugo Chávez (1999-2013), quien la modificó en 2009 para ser reelecto indefinidamente.
El fiscal general Tarek William Saab preside una comisión que redacta el nuevo documento que debe estar listo en 90 días para ser sometido a referéndum.
La llamada ampliación y perfeccionamiento de la democracia participativa incluye al poder social, comunal y popular como un nuevo nivel de gobierno, además de los actuales niveles nacional, regional y municipal. Maduro también sugirió transformar las gobernaciones y alcaldías desde la raíz, reestructurando así la asignación de los recursos de las comunas.
El proyecto de reforma incluye un endurecimiento de las sanciones ante cualquier amenaza al Gobierno: Venezuela no tolerará de ninguna manera ninguna amenaza fascista, subrayó Maduro luego de que su victoria en las elecciones del 28 de julio de 2024 fuera cuestionada por los opositores Edmundo González Urrutia, María Corina Machado y medio mundo occidental.
Maduro insistió en que su país fue víctima de toda forma de conspiración y aseguró que los responsables deben ser castigados de manera más draconiana.
La reforma también explicó que la actualización constitucional busca adaptarse a los cambios globales.
También integran la comisión que redacta la nueva Constitución la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, el titular del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y la primera dama, Cilia Flores.
Se revisarán al menos 80 artículos de la Ley Fundamental vigente, se explicó. La iniciativa buscaría blindar la permanencia vitalicia de Maduro en el poder y recuerda a la Asamblea Constituyente que Maduro convocó en 2017 para destituir a los líderes de la oposición de los puestos de poder pero que finalmente no modificó la Constitución.