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CPI rechaza sanciones de Trump y promete seguir trabajando
La medida de Trump implica que los miembros o colaboradores de la CPI y sus familiares, incluidas sus cuentas bancarias y posesiones en suelo estadounidense, pueden ser embargados La Corte Penal Internacional (CPI) condenó este viernes las sanciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra el tribunal de las Naciones Unidas, al tiempo que se comprometió a seguir trabajando. La medida del mandatario republicano fue considerada un intento de “perjudicar su labor judicial independiente e imparcial”.
“El Tribunal se mantiene firme junto a su personal y se compromete a seguir proporcionando justicia y esperanza a millones de víctimas inocentes de atrocidades en todo el mundo”, dijo el cuerpo en un comunicado.
“Hacemos un llamamiento a nuestros 125 Estados Partes, a la sociedad civil y a todas las naciones del mundo para que permanezcan unidos en favor de la justicia y los derechos humanos fundamentales”, prosiguió.
“Sancionar a la CPI amenaza la independencia del tribunal y socava el sistema de justicia penal internacional en su conjunto”, dijo el presidente del Consejo Europeo, António Costa, que encabeza las cumbres de los 27 líderes de la Unión Europea.
La orden ejecutiva de Trump se emitió como consecuencia de las “acciones ilegítimas e infundadas de la CPI dirigidas contra Estados Unidos y nuestro estrecho aliado Israel”, incluidas las órdenes de arresto de noviembre de 2024 contra el primer ministro Benjamin Netanyahu y el entonces ministro de Defensa Yoav Gallant. La medida también incluía al fallecido comandante de Hamás Mohammed Deif, uno de los autores intelectuales del atentado del 7 de octubre, abatido en un ataque aéreo israelí.
Washington argumentó que la CPI no tenía jurisdicción porque ni Israel ni Estados Unidos eran signatarios del Tratado de Roma por el que se fundó la CPI.
La Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró que la CPI “debe poder proseguir libremente la lucha contra la impunidad mundial. Europa siempre defenderá la justicia y el respeto del derecho internacional”.
“Los Países Bajos lamentan la orden ejecutiva que impone sanciones a la CPI. El trabajo del tribunal es esencial en la lucha contra la impunidad”, declaró en un comunicado el ministro de Asuntos Exteriores, Caspar Veldkamp. La CPI tiene su sede en ese país, concretamente en La Haya.
Según la orden ejecutiva de Trump, Estados Unidos impondría “consecuencias tangibles y significativas” a los responsables de las “transgresiones” de la CPI. Las acciones pueden incluir el bloqueo de propiedades y activos y no permitir que funcionarios, empleados y familiares de la CPI entren en Estados Unidos. El Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado determinarán qué personas y organizaciones serán sancionadas. Al menos dos altos funcionarios del tribunal han dimitido desde la elección de Trump para evitar sanciones.
El razonamiento de las órdenes judiciales sostiene que Netanyahu utilizó “la inanición como método de guerra” al restringir la ayuda humanitaria, con lo que Israel apuntó directamente contra civiles en su incursión en Gaza tras los ataques del grupo terrorista pro palestino Hamás el 7 de octubre de 2023, en los que muchos civiles israelíes fueron masacrados o secuestrados.
“La CPI se ha convertido recientemente en una herramienta política tendenciosa y ha desacreditado a todo el sistema judicial internacional”, declaró el ministro húngaro de Asuntos Exteriores, Péter Szijjártó. “Además, sus decisiones sólo han contribuido a exacerbar la inseguridad en zonas del mundo ya de por sí difíciles”.
El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, dijo que “las acciones de la CPI son inmorales y no tienen base legal”.
No fue la primera vez que Trump impuso sanciones a la CPI. Durante su anterior mandato, castigó a la ex fiscal Fatou Bensouda y a uno de sus adjuntos por sus investigaciones sobre crímenes cometidos en Afganistán. Pero Joseph Biden levantó esas medidas en 2021.
El jueves, Trump dijo que la CPI había “abusado de su poder al emitir órdenes de detención infundadas” contra Netanyahu y Gallant. Sus acciones, afirmó, “sientan un precedente peligroso, poniendo directamente en peligro al personal actual y anterior de EE.UU.” y suponen una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional. Trump también indicó que “espera que nuestros aliados se opongan” a cualquier acción de la CPI contra Estados Unidos e Israel.
La CPI investiga y procesa a individuos por crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, genocidio y crímenes de agresión contra el territorio de sus Estados miembros, que son 125. Ni Estados Unidos ni Israel son miembros. La CPI es un tribunal de último recurso, y sólo debe intervenir cuando las autoridades locales no puedan o no quieran ocuparse de esos casos.
Los países firmantes del Tratado de Roma deberían detener a Netanyahu y Gallant si pisan su suelo. La CPI aceptó a Palestina como miembro en 2015, lo que le otorga jurisdicción sobre los crímenes internacionales que tengan lugar en Gaza.
La CPI enjuicia a particulares, mientras que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) enjuicia a Estados. El año pasado, la CIJ dictaminó que los palestinos de Gaza tienen “derechos plausibles a la protección frente al genocidio”, derechos a los que la ofensiva israelí en la franja corre el riesgo de causar daños irreparables. El tribunal también ordenó a Israel que detuviera inmediatamente su ofensiva en la ciudad meridional de Rafah, a lo que Israel hizo caso omiso.
