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Brasil: escandalosas cifras sobre trabajo en condiciones de esclavitud
La mayoría de los casos de esclavitud moderna se dan en zonas rurales, pero son también cada vez más frecuentes en contextos urbanos Numerosos empresarios y políticos fueron señalados en un informe del Ministerio de Trabajo publicado esta semana sobre las condiciones laborales análogas a la esclavitud en el mayor país de Sudamérica. En las últimas tres décadas, más de 65.500 personas fueron rescatadas de esa situación. Sólo en 2024, se llevaron a cabo 1.035 inspecciones, con el resultado de 2.004 personas rescatadas, al quedar expuesta una vez más la debilidad local en materia de derechos humanos.
Según el Ministerio de Trabajo, unas 8.400 operaciones de control desde 1995 dieron lugar a esas liberaciones. Sólo entonces Brasil reconoció oficialmente la existencia de formas contemporáneas de esclavitud. Desde 2003, se han gastado unos 26,4 millones de dólares en indemnizar a las víctimas. Antes de 2003, no había un registro preciso, ya que ese año se implantó el Seguro de Desempleo del Trabajador Rescatado (SDTR), que consiste en tres pagos equivalentes al salario mínimo, se explicó.
Según el Código Penal brasileño, es análogo al del esclavo el trabajo forzado, con jornadas extenuantes, en condiciones degradantes o donde se aplican restricciones a la movilidad por “deudas” contraídas con el empleador.
En 2023, más de 3.100 personas fueron rescatadas de su sometimiento, detectado sobre todo en la construcción, el cultivo de café, la agricultura y la horticultura. Aunque el trabajo forzado suele darse primariamente en zonas rurales, también está extendido en las grandes ciudades, donde se detecta sobre todo en el sector textil, que emplea a un mayor número de mujeres.
Las autoridades brasileñas crearon en 2004 la llamada “lista sucia” del trabajo esclavo, en la que se incluye a personas y empresas que imponían esas condiciones a otras, como advertencia a posibles víctimas. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) consideró esa iniciativa una herramienta clave en la lucha contra la esclavitud moderna.
La inclusión en la “lista sucia” no es una sanción judicial, sino una herramienta de transparencia para que la sociedad sepa qué empresas e individuos han sido identificados como explotadores de personas en condiciones degradantes, se explicó.
