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Se dispara el número de víctimas de la minería ilegal en Bolivia
Las comunidades locales están divididas entre quienes se oponen a estas actividades y los que admiten que dependen en gran medida de ellas Al menos 119 muertes se han registrado en Bolivia en 2024 como consecuencia de la minería ilegal. Esta cifra representa un alarmante aumento con respecto a años anteriores. La mayoría de estas muertes se han producido en explotaciones ilegales o no reguladas, donde las condiciones de trabajo son extremadamente peligrosas, según explicó el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) Potosí, Marco Antonio Dávalos, en cuya jurisdicción se registraron 113 óbitos.
Entre las causas más comunes de las víctimas mortales figuran las explosiones de dinamita, la asfixia por gases tóxicos, los derrumbes y las caídas desde alturas considerables. Para la región, la minería es una actividad económica clave, especialmente en el famoso Cerro Rico. Por otra parte, los entornos mineros formales cuentan con estrictos protocolos de seguridad para proteger a los trabajadores.
Entre las víctimas mortales de este año hay dos menores y seis mujeres. La tragedia más reciente ocurrió el 26 de noviembre, cuando un trabajador fue aplastado por un derrumbe mientras revisaba una carga de dinamita. Otro caso conmocionante fue el de una mujer de 21 años que cayó desde una altura de 60 metros en una mina explotada por la cooperativa Ollerías.
En comparación con el año anterior, el número de víctimas mortales casi ha duplicado el de 2023, cuando se registraron 63 víctimas mortales, lo que refleja la falta de regulación y supervisión.
La minería informal no solo afecta a los trabajadores directamente implicados; también tiene repercusiones más amplias para las comunidades locales y el medio ambiente. Las cooperativas mineras que operan sin licencia suelen ignorar la normativa medioambiental y laboral, lo que contribuye a un ciclo de explotación y violación de derechos.
Aunque Potosí registra la mayoría de las muertes, otras regiones como La Paz también han informado de incidentes mortales. Las muertes no se limitan a accidentes laborales, sino que también están relacionadas con conflictos entre cooperativas mineras. En mayo, un enfrentamiento entre las cooperativas Gran Poder y Primero de Mayo se saldó con un muerto y varios heridos. En julio, dos policías murieron durante otro conflicto entre cooperativas en Sorata.
Además, testimonios recientes han revelado casos alarmantes de intimidación y agresión por parte de mineros ilegales contra comunidades locales que se oponen a su presencia. En respuesta, el gobierno boliviano ha tomado algunas medidas, como la destrucción de dragas utilizadas para la extracción ilegal de oro y algunas detenciones, aunque se encontraron con una fuerte resistencia por parte de las comunidades que dependen económicamente de estas actividades mineras.
La minería informal en Bolivia también plantea serias dudas sobre los derechos laborales y la sostenibilidad medioambiental.
