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Ex presidente boliviano Sánchez de Lozada condenado a 6 años de cárcel
Sánchez de Losada, de 94 años, vive en Estados Unidos desde que huyó de Bolivia en medio de disturbios sociales que causaron unos 60 muertos El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia condenó este martes al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003) a 6 años de cárcel por firmar numerosos contratos petroleros sin aprobación parlamentaria. El ex mandatario, de 94 años, reside en Estados Unidos y está por ver si puede ser extraditado.
El Ministerio de Justicia celebró la «sentencia histórica» en el «Caso Petrocontratos» tras un juicio realizado con el propósito de «combatir la impunidad en los delitos de corrupción que afectaron gravemente la soberanía, el patrimonio y los intereses del país en administraciones pasadas, tratando de imponer un modelo neoliberal, esencialmente capitalista y mercantilista en el manejo de la economía».
Además de Sánchez de Lozada, los ex ministros Jorge Berindoague, Carlos Alberto Contreras y Carlos Alberto López fueron condenados a cinco años de prisión por «conducta antieconómica e incumplimiento de deberes». Ellos también resident en el extranjero. Sánchez de Lozada y los demás acusados fueron condenados a cumplir sus penas en el penal de Chonchocoro, en La Paz, y fueron además inhabilitados por cinco años.
«Estos delitos fueron cometidos mediante la suscripción de 107 contratos de comercialización, exploración y explotación de hidrocarburos, sin la autorización del entonces Órgano Legislativo, en clara violación a las normas constitucionales y legales vigentes a la época de los hechos imputados», prosigue un comunicado del Ministerio de Justicia. El fallo «habilita la posibilidad de iniciar el proceso de extradición de los sentenciados», agregó el Ministerio.
Sánchez de Lozada vive en el exterior desde 2003, cuando abandonó Bolivia en medio de la revuelta social conocida como «Octubre Negro», que dejó más de 60 muertos.
El Gobierno boliviano también anunció este martes que pedirá reparaciones económicas por los daños al Estado, según explicó el ministro de Justicia, César Siles. Según estos contratos, Bolivia recibió sólo el 18% de los beneficios mientras que el 82% fue a parar a intereses transnacionales, constituyendo así el daño por el que ahora se busca la reparación. El Ministerio de Hidrocarburos y/o la petrolera estatal YPFB, presentarán la demanda de reparación, cuantificando el daño económico en base a auditorías o documentos que respalden el monto, señaló Siles, quien resaltó que se convocará a mecanismos de cooperación jurídica internacional para congelar las cuentas y embargar los bienes en el exterior de los responsables.
