El juez del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil Alexandre De Moraes afirmó este jueves que la revuelta del 8 de enero en la capital del país demostró que la autorregulación de las redes sociales no funciona como sus defensores afirman. El magistrado habló de la bancarrota del sistema cuando el STF reanudó la revisión de la responsabilidad de las empresas por el contenido publicado por los usuarios, informó la Agencia Brasil.
De Moraes destacó que los perfiles en las redes sociales transmitieron en vivo los ataques a la sede del STF, al Congreso y al Palacio de Planalto, lo que fue monetizado. Es prácticamente imposible defender, después del 8 de enero, que el sistema de autorregulación funciona. Bancarrota total y absoluta. Instrumentalización y parte de connivencia, dijo De Moraes, que también es el ponente del caso. Asimismo, insistió en que la invasión fue organizada por las redes sociales.
Todo fue organizado por las redes. Aquel día se invadió la Plaza de los Tres Poderes, se destruyó el Tribunal Supremo, el Congreso, el Palacio de Planalto... La gente haciendo videos, publicándolos en las redes sociales, llamando a más gente para destruir, y las redes sociales no retiraron nada. ¿Por qué? Un sistema de negocio monetizado..., prosiguió.
Por su parte, la jueza Cármen Lúcia recordó que el atentado suicida del 13 de noviembre pasado frente al STF fue planeado por las redes. Ese episodio también estuvo en las redes, el post de la persona atacando el Supremo Tribunal, diciendo que iba a hacer algo y no pudimos verlo, no pudimos verlo, no pudimos ver nada. Lo que tuvimos aquella noche fue un acto trágico, afirmó.
El pleno del STF está juzgando cuatro casos que ponen en entredicho la constitucionalidad del artículo 19 del Marco Civil de Internet, que estableció los derechos y deberes para el uso de Internet en Brasil, según el cual con el fin de garantizar la libertad de expresión y evitar la censura, las plataformas sólo pueden ser consideradas responsables de las publicaciones ilegales realizadas por sus usuarios si, tras una orden judicial, no toman medidas para eliminar el contenido.
Por lo tanto, la cuestión sigue siendo si estas aplicaciones son consideradas responsables y susceptibles de ser condenadas a pagar indemnización por daños morales por no retirar cualquier contenido considerado ofensivo antes de la orden de un tribunal.
Lo que dictamine el STF se convertirá en jurisprudencia para procedimientos de este tipo en tribunales inferiores. Al menos 345 casos están pendientes de sentencia.