El principal sindicato de trabajadores públicos de Argentina, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), inició al mediodía del martes una huelga de 36 horas para protestar contra los recientes despidos y recortes de gastos de la administración libertaria del presidente Javier Milei, además de reclamar ajustes salariales para hacer frente a la inflación. La medida es simultánea con un paro de 24 horas que afecta a los servicios aéreos, ferroviarios y subterráneos.
Esta semana Argentina se enfrenta a una virtual huelga general. Aviones, trenes, subtes y camiones no circularán. La medida de fuerza trasciende a las organizaciones que la promueven, dijo el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar. Hay una visión común de que esta semana comienza a conformarse en Argentina un frente sindical de resistencia y lucha que permitirá frenar la política entreguista del presidente Milei, agregó.
El portavoz presidencial, Manuel Adorni, dijo que sólo los privilegiados que pueden darse el lujo de parar se sumarán a la protesta mientras que los argentinos de bien no tienen esa posibilidad ni quieren parar. Estas huelgas están perjudicando a los que quieren trabajar, señaló también.
Sólo en los primeros ocho meses de 2024, los salarios del sector público acumulan un aumento del 93,5% frente al 116,1% del sector privado, en medio de una inflación del 94,8%. Sin embargo, ATE sostiene que los empleados públicos han perdido 34 puntos porcentuales frente a la inflación desde que Milei asumió su cargo. El sindicato también reclama que el 75% de los empleados estatales perciben salarios por debajo del umbral de la pobreza, según datos de septiembre.
Independientemente de ello, la administración libertaria planea profundizar aún más sus políticas de la llamada motosierra, con la privatización de Aerolíneas Argentinas a la vista, mientras que la de Metrogas ya ha sido anunciada. En lo que va de la gestión Milei, se han suprimido unos 28.500 puestos de trabajo estatales. Además, unos 40.000 trabajadores temporarios serán sometidos a un test de idoneidad para determinar su continuidad, mientras que otros 10.000 serán instados a iniciar sus trámites jubilatorios. Los planes de privatización de empresas públicas de Milei también afectarán a numerosas personas que trabajan en ellas.