En menos de dos semanas, el domingo 27 de octubre, 2,8 millones de uruguayos elegirán un nuevo presidente y un nuevo parlamento, 99 diputados y 30 senadores, para el periodo 2025/2030.
La campaña política, en contra de la tradición, ha sido discreta y ha contado con dos fuerzas principales: la coalición republicana en el poder, formada por cuatro partidos políticos diferentes, incluido el Partido Nacional, al que pertenece el Presidente Luis Lacalle Pou, y una coalición opositora comunista-socialista-demócrata-cristiana, bajo el nombre de Frente Amplio.
El voto en Uruguay es obligatorio y los sondeos de opinión hechos públicos en los medios de comunicación indican una carrera muy reñida, aunque como ha ocurrido en la mayoría de las democracias occidentales, no es el mejor momento para los encuestadores a pesar del uso del seguimiento continuo y la inteligencia artificial por parte de algunas agrupaciones. El hecho es que Uruguay bajo Lacalle Pou y la coalición republicana capeó la pandemia del Covid-19 con colores bajo el lema de libertad con responsabilidad, sin encierros de la población, y tras el pavoroso momento, la economía se recuperó rápida y fuertemente con un buen nivel de exportaciones y reservas internacionales, además de una baja de inflación y desempleo récord al final del quinquenio.
Los gobiernos populistas en la vecina Argentina, bajo los Kirchner, y en Chile, bajo el incompetente e inmaduro Boric y un equipo de traperos, han garantizado una afluencia sostenida de inversiones extranjeras que huyen al seguro Uruguay de las inciertas condiciones políticas. Dicho esto, no todo son rosas en Uruguay, hay un problema muy serio, (para los estándares uruguayos) de delincuencia e inseguridad más el desafío de las drogas, y las encuestas de opinión señalan repetidamente a la inseguridad como el principal problema de miedo que enfrenta la sociedad y no se limita a la capital Montevideo, sino que también se extiende a las ciudades más tranquilas del país rural.
Todas las encuestas de opinión indican que la principal preocupación de los uruguayos es la inseguridad (47%), seguida por el empleo (18%), la inflación y la pobreza (12%) y la economía (2%).
A pesar de que bajo el actual gobierno la policía ha comenzado a recuperar el peso de la ley y el orden que tuvo en algún momento, pero que se esfumó bajo los anteriores gobiernos populistas permisivos, aún queda terreno por recuperar. En efecto, el día de las elecciones también habrá un referéndum en el que se pedirá que se permitan las redadas nocturnas en los domicilios, por orden de un magistrado, algo que está explícitamente prohibido en la Constitución. Pero el problema de las drogas se ha vuelto demasiado grave y la mentalidad y los sentimientos de la gente están cambiando. Hay un 50% de posibilidades de que se apruebe.
También hay un segundo referéndum, sobre la seguridad social, que pide una edad de jubilación de 60 años. La coalición actual, tras dos años de debate y una invitación abierta a la oposición para que se uniera -pero que en una segunda reflexión rechazó- elevó la edad de jubilación a 65 años a partir de 2030. Una parte de la coalición opositora apoya la vuelta al objetivo de los 60 años, auspiciada por la organización sindical liderada por los comunistas, pero el resto también está en contra aunque se ha mantenido en silencio para no dividir la unidad del grupo al sentir que la victoria electoral está al alcance de la mano. Esto, sin embargo, sobre todo cómo financiar la nueva aventura (ya ocho puntos del 20% del IVA que pagan los consumidores en Uruguay se destinan a financiar las pensiones) está frenando las inversiones, y en la última reunión de política monetaria del Banco Central, cuando todo indicaba una baja del tipo principal de interés, se dejó sin cambios en el 8,5%, muy por encima del 5% de inflación decreciente, por los temores sobre el referéndum de la seguridad social, y la incertidumbre sobre el futuro si finalmente se aprueba.
Finalmente, si los actuales sondeos de opinión difundidos algo indican, dado el sistema de escrutinio uruguayo, podría significar que ambas coaliciones, gobierno y oposición tengan un número similar de Diputados 45/46 y de Senadores 15. En cuanto a los candidatos presidenciales, la coalición gobernante, liderada por el Partido Nacional, el ex secretario y mano derecha del presidente Lacalle Pou es el candidato. Álvaro Delgado es más un burócrata que una figura carismática. Luego está el candidato del Partido Colorado, Andrés Ojeda, un joven abogado de 40 años, lleno de entusiasmo pero no mucho más; un ex jefe del Ejército, el general Guido Manini Ríos, y el candidato de un pequeño partido independiente, Pablo Mieres, un personaje aburrido que a pesar de una representación mínima se las arregla para estar en el lugar adecuado en el momento oportuno.
En la coalición opositora del Frente Amplio el candidato es un ex intendente puesto a dedo por el ex presidente José Mujica: Yamandu Orsi, que parece tener el 'physique du role', joven, guapo, bien parecido, amado por las mujeres, un nombre de pila verdaderamente uruguayo, hasta que empieza a hablar y entonces se convierte en 'Tribilín', el personaje de Disney más conocido como Goofy en inglés: Nadie entiende realmente lo que quiere decir o su mensaje. Por otro lado, el Frente Amplio ha abandonado su política de crítica continua a Lacalle Pou, (a pesar del 45/50% de aprobación) con una narrativa marxista radical olvidada hace mucho tiempo, y se ha movido decididamente hacia el centro y la derecha, hablando de la necesidad de que los empresarios y (grandes) agricultores también compartan la mesa de las principales decisiones sobre el futuro de Uruguay, obviamente sin cambios en las políticas económicas actuales y promoviendo la inversión...
En resumen, a pesar de una campaña electoral discreta y de unos candidatos más bien sosos, el resultado de la jornada electoral del 27 de octubre en Uruguay promete ser sorprendente y un desafío para el sistema político del país, probablemente el más estable y serio de las Américas.