El Gobierno brasileño del presidente Luiz Inácio Lula da Silva expulsó este jueves de Brasilia a la embajadora de Nicaragua, Fulvia Patricia Castro Matus, en represalia por la decisión de Managua de enviar de regreso a Breno Dias da Costa por no presentarse el 19 de julio al 45 aniversario de la Revolución Sandinista, informó la Agencia Brasil.
El régimen de Daniel Ortega comunicó una quincena atrás a Itamaraty su decisión sobre Dias da Costa. De todos modos, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil explicó que estas medidas no representaban una ruptura diplomática y que se mantendrían todos los servicios de asesoría prestados a la población brasileña residente en Nicaragua. Se calcula que unos 180 brasileños viven en el país centroamericano.
En la práctica, la expulsión de embajadores reduce el nivel de representación de Nicaragua en Brasil y de Brasil en Nicaragua. Esto se debe a que el embajador es el máximo nivel de representación de un país en otra nación. En las relaciones internacionales, la expulsión de un embajador es un gesto político que suele expresar descontento, explicó también la Agencia Brasil.
Las relaciones entre Brasilia y Managua se han deteriorado desde que Lula, a petición del Papa Francisco, intentó negociar la liberación de un obispo encarcelado por las autoridades nicaragüenses. El mes pasado, Lula declaró a la prensa extranjera que Ortega no había respondido a sus peticiones de mantener una conversación.
Nicaragua ha sido objeto de críticas por parte de organizaciones internacionales de derechos humanos y algunos países, especialmente Estados Unidos, que acusan a Ortega de reprimir a la oposición y perseguir a los críticos con encarcelamientos arbitrarios.
Al menos 119 personas siguen detenidas arbitrariamente tras juicios injustos, entre ellas Rolando Álvarez, obispo católico de Matagalpa, condenado a 26 años de cárcel por conspiración y difusión de noticias falsas, denunció Amnistía Internacional a principios de año.
Nicaragua también sufre el aislamiento internacional, que incluye sanciones económicas impuestas por Estados Unidos en un intento de aislar económicamente a la nación centroamericana.
En 1979, el levantamiento encabezado por Ortega derrocó la dictadura de 40 años de la familia Somoza.