MercoPress. South Atlantic News Agency
Perú: Tiro por la culata para el fiscal que investigó a Boluarte
Un particular sostiene que los presidentes no pueden ser investigados mientras están en funciones Se presentó una denuncia constitucional contra el fiscal general de Perú, Juan Carlos Villena, por irregularidades en las acusaciones que presentó contra la presidenta Dina Boluarte. La medida blindará a la jefa de Estado investigada por corrupción, que tiene además un escaso 5% de imagen positiva.
El caso contra Villena fue presentado por el ciudadano particular Jhon Carlos Lopez Goicochea por una supuesta infracción constitucional en el llamado escándalo Rolexgate, en el que la Jefa de Estado aparecía luciendo costosos relojes aparentemente por encima de sus posibilidades económicas dados sus ingresos de toda la vida como funcionaria antes de convertirse en Vicepresidenta. Villena sostiene que Boluarte aceptó los relojes del gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, a cambio de asignaciones presupuestarias.
López Goicochea argumentó que la actuación del fiscal violó el artículo 117 de la Constitución que establece que el Presidente de la República no puede ser acusado por delitos comunes o complejos mientras esté en funciones y especifica claramente que sólo merecen un recurso legal la traición a la patria, la paralización del Congreso, el entorpecimiento de las elecciones o del funcionamiento de los organismos electorales.
“El Fiscal General de la Nación, en pleno desconocimiento doloso de su función principal de defensa de la legalidad de los preceptos constitucionales, formula acusación constitucional contra el Presidente por delito común, contraviniendo el espíritu del precepto constitucional antes mencionado. Un hecho que constituye una actuación dolosa por parte del máximo representante del Ministerio Fiscal en una evidente y manifiesta infracción constitucional”, rezaba el escrito de López Goicochea, que también aseguraba que Villena incurrió en prevaricación.
El caso queda ahora en manos del Tribunal Constitucional (TC), que deberá decidir si un presidente puede ser investigado sin vulnerar la Constitución.
El 27 de mayo, Villena presentó un recurso de inconstitucionalidad por cohecho contra Boluarte en el caso Rolexgate, después de que la investigación preliminar concluyera el 17 de mayo.
Existe consenso en que el Congreso no puede aprobar la acusación constitucional al menos hasta el final del mandato de Boluarte.
El martes de esta semana, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, instó al Congreso a avanzar en la acusación constitucional contra el Fiscal de la Nación.
En junio de 2023, el Congreso inhabilitó a Zoraida Ávalos por no proceder contra el ex presidente Pedro Castillo Terrones por presuntos actos de corrupción en su gobierno, alegando que los jefes de Estado pueden ser investigados mientras están en funciones.
