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Presentan denuncia penal contra Milei por su viaje a España

Sábado, 25 de mayo de 2024 - 10:59 UTC
Milei utilizó el avión ARG-01 y otros recursos del Estado en beneficio propio Milei utilizó el avión ARG-01 y otros recursos del Estado en beneficio propio

Después de que la Embajada argentina en Madrid argumentara que el reciente viaje del presidente Javier Milei a la capital española tuvo un carácter estrictamente personal, tres legisladores de la opositora Unión Cívica Radical (UCR) han presentado una denuncia penal contra el jefe del Estado y un alto funcionario por presunta corrupción.

”Presentamos denuncia contra el presidente Milei y Francisco Sanchez (secretario de Culto) para que se los investigue por peculado y defraudación al Estado. Usaron recursos públicos para un viaje a España de carácter estrictamente personal“, escribió el diputado Fernando Carbajal en X tras firmar los documentos junto a Pedro Jorge Galimberti y Manuel Ignacio Aguirre.

La causa será investigada por el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 4 de Buenos Aires del juez Ariel Lijo, el candidato de Milei para cubrir la vacante existente en la Corte Suprema.

Milei voló a Madrid en el avión presidencial ARG-01 y se dice que utilizó otros fondos públicos para aparecer en una convención de partidos de derechas organizada por el local Vox, durante la cual habló de políticos de izquierdas que tienen a sus esposas investigadas por corrupción, como es el caso del presidente del Gobierno español Pedro Sánchez y su esposa Begoña Gómez, que nunca fueron mencionados por su nombre, lo que no impidió que Madrid retirara a su embajadora de Buenos Aires.

Durante su estancia en España, Milei, cuyo séquito también incluyó a su hermana Karina Milei, secretaria de la Presidencia, presentó su último libro en una feria editorial, otro acto en el que no se advierte el beneficio del Estado argentino.

”Es inadmisible que se utilicen recursos del Estado para financiar viajes privados y actividades personales, desviando fondos que deberían destinarse al beneficio de los ciudadanos“, subrayó Aguirre. ”Es imprescindible que se lleve a cabo una investigación exhaustiva y que se actúe con celeridad y rigor para esclarecer estos presuntos delitos y garantizar que los responsables comparezcan ante la Justicia“, añadió.

Los demandantes también argumentaron que el Gobierno Libertario había tratado de dar al viaje el carácter ”oficial“ del que carecía a través de declaraciones del portavoz presidencial, Manuel Adorni, quien insistió en que Milei también se reuniría con empresarios españoles que eran potenciales inversores.

”No cabe duda que esta pequeña reunión, concertada a las apuradas, no fue más que un burdo intento de darle algún tipo de justificación legal al viaje privado del Presidente, a fin de justificar los cientos de miles de dólares propiedad del Estado Nacional gastados para asistir a eventos de carácter estrictamente personal y en su exclusivo beneficio“, sostuvieron. ”El perjuicio causado al Estado es más que relevante“, agregaron al tiempo que señalaron que, según el diario La Nación de Buenos Aires, utilizar el ARG-01 costó alrededor de 200.000 dólares.

La ”comitiva de Milei se alojó en un hotel de 5 estrellas de la Gran Vía madrileña, con suites ofrecidas en Internet por un precio que oscilaba entre los 900 y los 1400 euros por noche“, además de ”los gastos de viaje, tanto del Presidente como del resto de la comitiva, cuya integración aún no ha sido debidamente informada, así como la totalidad de los gastos incurridos, a pesar de que se ha solicitado la información al portavoz presidencial”, subraya el escrito.

En cuanto al viaje del secretario de Culto, Francisco Sánchez, los legisladores recordaron que se le pagó un pasaje en primera clase con fondos públicos, además de una generosa asignación para gastos. Citando al diario Clarín, el billete de avión costó entre 4.000 y 6.000 dólares, y el funcionario recibió un viático de 3.120 euros para su misión de seis días. Este Sánchez (no el español) también fue noticia en los últimos días por sus declaraciones en las que pretendía que se derogara la Ley de Divorcio de 1986.