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Gobierno argentino envía al Congreso un proyecto para facilitar la tenencia o eliminación de armas

El Pevaf dejó de estar en vigor después del 31 de diciembre de 2023, porque el Congreso no concedió ninguna prórroga, a diferencia de años anteriores

El Gobierno argentino del presidente Javier Milei envió esta semana al Congreso un proyecto de ley para facilitar la tenencia legal de armas de fuego y, al mismo tiempo, alentar a los poseedores que lo deseen a deshacerse de ellas. Según el Ministerio de Seguridad, hay unos 800.000 usuarios no registrados en todo el país.

“Este Gobierno tiene la convicción de promover y facilitar el acceso legal y legítimo a la tenencia de armas de fuego”, dijo el Ministerio de Seguridad a través de un comunicado. “Se implementarán procedimientos ágiles y sencillos para favorecer el registro de usuarios irregulares”, continuó.

Se dice que la iniciativa es una de las promesas de campaña de Milei, como lo fue la derogación del aborto legal. Pero una vez en la Casa Rosada, el jefe de Estado dijo que la interrupción del embarazo no estaba entre sus prioridades.

El proyecto también busca agilizar los trámites que favorecen el registro de armas para usuarios irregulares, al tiempo que prorroga por cuatro años el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego (Pevaf). Sin embargo, la página web de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) afirmó al ser consultada el viernes por MercoPress que “Actualmente no se reciben armas de fuego y/o municiones”. El Programa “no está vigente desde el 31 de diciembre de 2023”, mencionó también la ANMaC.

También esta semana, la ANMaC decidió eximir a los usuarios legítimos de tener que presentar un nuevo certificado de idoneidad a la hora de renovar sus permisos, siempre y cuando el trámite se realice dentro de los 90 días previos al vencimiento.

La iniciativa presentada en el Congreso prevé un período de gracia de un año para que quien tenga un arma no autorizada regularice su situación. Quienes no puedan seguir teniendo armas deberán transferirlas a otras personas autorizadas o entregarlas, según el plan voluntario que se relanzará.

Según La Nación, más de 800.000 usuarios legítimos han sido dados de baja o inhabilitados preventivamente porque sus licencias habían caducado. Esta cifra representaba el 70% de los usuarios registrados oficialmente.

Además, la iniciativa enviada al Congreso propone “prorrogar por cuatro años el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, que consiste en la entrega anónima de armas para su posterior destrucción, sin consecuencias legales para quien la realice”. El plan prevé un incentivo económico para quienes entreguen armas y municiones. Cuando alguna de estas armas se entregaba a las autoridades, era inmediatamente inutilizada en los puestos de recepción para evitar su reintroducción en el mercado ilegal.

El Pevaf se puso en marcha el 20 de diciembre de 2006 para frenar la circulación de armas entre la población civil. Cientos de miles de armas y municiones fueron recibidas y posteriormente destruidas. Pero dejó de estar en vigor después del 31 de diciembre de 2023, porque el Congreso no concedió ninguna prórroga, a diferencia de años anteriores.