La Cámara Baja de Argentina acordó este martes otorgar temporalmente al presidente Milei ciertas facultades de decisión originalmente reservadas por la Constitución al Poder Legislativo, se informó en Buenos Aires. La interminable sesión parlamentaria también se pronunció a favor de la privatización parcial o total de varias empresas estatales, entre otros temas incluidos en el proyecto de la llamada Ley Ómnibus -formalmente Ley de Bases- que Milei considera el punto de partida de sus políticas económicas de motosierra para racionalizar gastos.
Tras declarar la ”emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el término de un (1) año”, el proyecto otorgó a Milei las facultades para tratar los asuntos más urgentes, entre ellos la privatización de algunas empresas estatales como Aerolíneas Argentinas, Radio y Televisión Argentina, e Intercargo que podrán transferirse en su totalidad, mientras que Agua Y Saneamientos Argentinos S. A (Aysa - agua y cloacas), Correo Argentino, Belgrano Cargas (red ferroviaria de carga), Sociedad Operadora Ferroviaria S.E (Sofse) y Corredores Viales S.A. pueden ser privatizadas parcialmente.
El oficialismo logró superar el primero de los obstáculos más difíciles en la discusión en particular del articulado de la Ley Fundamental.
Con 135 votos positivos contra 116 negativos y 2 abstenciones, el oficialista La Libertad Avanza (LLA) logró que se le permitiera al jefe de Estado implementar la reorganización, modificación o transformación de la estructura jurídica del Estado incluyendo organismos de la administración central o descentralizada, los cuales podrán ser disueltos de ser necesario.
La Cámara también dio su visto bueno a la derogación del mecanismo de moratoria jubilatotria por el que trabajadores que no habían aportado a su fondo de retiro durante al menos 30 años podían, no obstante, acceder a la prestación tras alcanzar la edad mínima y cancelar su deuda sobre la marcha.
Con la política de Milei, los empresarios que contraten a trabajadores no registrados no tendrán que pagar las multas que tal actitud suele acarrear. Sin embargo, la iniciativa del oficialismo incluye un capítulo sobre la promoción del empleo registrado que ofrece recompensas fiscales a quienes regularicen a sus trabajadores en negro.
Además, un capítulo específico sobre fuerza mayor en contratos vigentes y acuerdos transaccionales permite al Ejecutivo renegociar contratos de obras y servicios públicos.
Los Diputados también dieron luz verde al capítulo referido a las reformas al régimen de trabajo rural. En una sesión maratónica que ya superó las 24 horas, también se aprobó un Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI).
Además, los hidrocarburos producidos por YPF ya no serán declarados de interés nacional y, por lo tanto, dejarán de ser prioritarios para el abastecimiento interno. La modificación permite levantar todos los topes a las exportaciones y los controles de precios. También establece la fusión de los entes reguladores de la energía (ENRE) y del abastecimiento de gas (ENARGAS) en el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad.
Una vez que todos los artículos sean revisados en particular por la Cámara Baja, el proyecto pasará al Senado, donde el oficialismo se encuentra en desventaja y ya fracasó en su intento de lograr la aprobación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23.