Las autoridades argentinas emitieron un nuevo conjunto de directrices sobre el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad federales desplegadas para frenar la violencia de las bandas en la ciudad de Rosario, se informó este miércoles en Buenos Aires. La medida estaba pronta a ser publicada en la edición del jueves del Boletín Oficial.
El uso de las armas se da cuando hay peligro inminente de muerte para el propio agente o para los ciudadanos que están en peligro ante un ataque de delincuentes, criminales, mafiosos [y] narcotraficantes, dijo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, durante una rueda de prensa desde Rosario, la tercera ciudad más grande de Argentina, azotada por la violencia.
La nueva normativa deroga todas las resoluciones y disposiciones ministeriales anteriores y conforma un protocolo único para las fuerzas federales en materia de uso de armas, se explicó también.
El miércoles, 450 efectivos federales adicionales de la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina (PNA) y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) llegaron a Rosario para formar una fuerza de 2.000 efectivos que patrullará la ciudad a partir del jueves, ante el desborde de actos terroristas que superan la capacidad de respuesta de las autoridades locales.
A lo largo de los años, bandas de narcotraficantes se establecieron en la zona gracias a su estratégica salida al río Paraná. Las fuerzas federales en Rosario estarán respaldadas por helicópteros del Ejército y la Fuerza Aérea, así como por móviles de la Policía de Santa Fe.
Hace unos días le dimos a la PNA la posibilidad de utilizar armas largas de calibre policial, por supuesto, en los ríos fronterizos donde estaban recibiendo ataques permanentes. Ahora esto va para las cinco fuerzas federales, detalló Bullrich. Su decisión se produjo en medio del creciente malestar social por las medidas económicas adoptadas por la administración del presidente Javier Milei para hacer frente a una inflación interanual del 276%. La ministra también subrayó que su oficina estaba en proceso de comprar pistolas aturdidoras a la empresa estadounidense Byrna para uso civil.
Bullrich, que también fue ministra de Seguridad con el presidente Mauricio Macri (2015-2019), había dictado un protocolo sobre el uso de armas que fue derogado con el presidente Alberto Fernández (2019-2023) invocando tratados internacionales según los cuales los policías deben actuar en proporción a la gravedad del daño, respetando y protegiendo la vida humana.
Las nuevas directrices dejan en manos de los magistrados judiciales determinar si los agentes federales que utilizan armas de fuego se extralimitan en sus funciones.