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Activista venezolana es detenida enfrenta cargos de conspiración y traición
Hace días que sus familiares y su equipo jurídico no tienen noticias de San Miguel El Gobierno estadounidense del presidente Joseph Biden ha expresado su preocupación tras la detención en Venezuela de la activista y experta militar Rocío San Miguel, de 57 años, que se enfrentará a cargos de conspiración, traición y terrorismo, según el fiscal general, Tarek William Saab.
La Casa Blanca asegura que con su detención, Caracas incumple el Acuerdo de Barbados alcanzado en octubre con la oposición, por el que se deben celebrar elecciones en el segundo semestre de 2024. “Estamos al tanto de los informes de que Rocío San Miguel, y creo que un par de miembros de su familia, han sido detenidos. Estamos profundamente preocupados por ello”, declaró el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby. La abogada, de 57 años, fue detenida el mes pasado cuando se disponía a salir del país con cinco miembros de su familia: su hija, dos hermanos, su padre y su ex marido.
El Acuerdo de Barbados también implicaba el levantamiento de todas las inhabilitaciones de posibles candidatos, pero el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano ratificó la exclusión de la dirigente opositora María Corina Machado. Maduro “tiene que cumplir los compromisos que hizo sobre cómo van a tratar a la sociedad civil, a los activistas políticos y a los partidos de la oposición, e incluso a aquellos miembros de la sociedad venezolana que quieran presentarse como candidatos” a las elecciones, añadió Kirby.
En enero, Washington volvió a imponer sanciones a la empresa estatal venezolana de extracción de oro, que había levantado en octubre, y amenazó con hacer lo mismo en abril con el sector del petróleo y el gas si el Gobierno venezolano persiste en incumplir el acuerdo.
El ministro de Asuntos Exteriores venezolano, Yván Gil, acusó a Washington de “proteger y dar cobijo a terroristas”. Las autoridades venezolanas vinculan a San Miguel, de nacionalidad venezolana y española, con una supuesta conspiración contra Maduro. Se desconoce el lugar y las condiciones en las que se encuentra retenida. Se dice que ha pasado “100 horas incomunicada” y que a su detención le siguió la de cinco de sus familiares, entre ellos su hija y su ex pareja, un militar retirado, también acusado de estar vinculado a una supuesta conspiración para asesinar al presidente Nicolás Maduro.
La oficina de Tarek William Saab vincula a San Miguel con “Brazalete blanco”, un supuesto complot para atacar una base militar en Táchira, estado fronterizo con Colombia, y matar a Maduro en el proceso. Maduro, que suele denunciar planes para derrocarlo, dijo que su Gobierno neutralizó cinco “conspiraciones” en 2023. El presidente, que busca su tercera reelección este año, ya había acusado a San Miguel, en 2014, de estar involucrado en “un alzamiento militar.”
San Miguel dirige la ONG Control Ciudadano, que registra las violaciones de los derechos humanos. Su organización emitió este martes un comunicado en el que afirma que ”A partir de las 10:30 de la mañana de hoy (martes) 13 de febrero, la defensa técnica no ha podido comunicarse con Rocío San Miguel“, a quien la Fiscalía acusó de los delitos de ”traición a la patria“, ”conspiración“ y ”terrorismo“, cargos por los que han sido procesados otros activistas venezolanos.
Su ex marido, José Gonzales De Canales Plaza, coronel retirado de la Fuerza Aérea, está acusado de ”revelar secretos políticos y militares relativos a la seguridad de la nación“ ante un tribunal competente en materia de terrorismo.
Sus otros cuatro familiares, entre ellos Miranda, fueron puestos en libertad tras recibir medidas cautelares consistentes en ”comparecencias periódicas” ante los tribunales.
