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Perú: Gobierno de Boluarte apunta a la libertad de prensa

El gobierno de Boluarte ha restado importancia a rumores de que podría estar intentando librar una guerra contra la delincuencia al estilo de Bukele

Gremios periodísticos de Perú han expresado su preocupación por las restricciones a la libertad que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte planea ejercer a través de cambios al Código Penal para responsabilizar penalmente a manifestantes y reporteros, se informó en Lima.

“El Poder Ejecutivo pretende criminalizar a las personas que se manifiestan a favor de las protestas”, afirmó el abogado Roberto Pereira, asesor legal del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS). El viernes pasado, la Comisión de Constitución del Congreso aprobó por 18 votos contra 4 un proyecto de ley que permite procesar a los “comunicadores” que “inciten” a actos de protesta con sus informaciones.

“Nos queda claro que lo que se busca es limitar al máximo la cobertura”, dijo la presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), Zuliana Lainez. También dijo que el gobierno de Boluarte ya había intentado imponer recortes en la actividad periodística.

Aún falta que un pleno del Congreso ratifique la iniciativa parlamentaria, lo que parece probable dado el número de legisladores leales al Gobierno. La ANP, el IPYS, el Consejo de la Prensa Peruana y la Sociedad Interamericana de Prensa creen que, de aprobarse el proyecto, se creará una amplia zona en la que informar quedará a criterio personal de los magistrados.

“Lo peligroso es que la palabra 'incitar' está directamente vinculada a la palabra 'llamar'”, subrayó Lainez. Así, un periodista que haya informado a los medios sobre una protesta podría ser procesado por “incitación”.

A pesar de las presiones de la administración para que se apruebe esta legislación, el Primer Ministro Alberto Otárola subrayó que el gobierno no quiere imponer restricciones a la libertad de prensa. “Una vez más confirmamos que no hay relación entre lo que se declara y lo que se hace; lo decimos claramente: esto criminalizará la actividad periodística”, insistió Lainez. En su opinión, la única forma de acabar con todas las dudas es retirar estas disposiciones del proyecto.

“Aprobarlo tal como está y darle facultades al Ejecutivo en esta línea sería nefasto no sólo para el ejercicio de la libertad de expresión sino un golpe letal para la libertad de prensa en este país y para la democracia”, agregó.

La delincuencia en Perú se ha recrudecido en los últimos tiempos, especialmente los robos, las extorsiones y los asesinatos por encargo. En este escenario, se cree que el gobierno de Boluarte busca poderes extraordinarios, pero restó importancia a los rumores de que podría estar tratando de imitar modelos como el del presidente Nayib Bukele en El Salvador.

Portavoces de partidos de la derecha peruana han elogiado a Bukele a pesar de las críticas de grupos de derechos humanos. Otárola y el presidente del Tribunal Supremo, Javier Arévalo, también han expresado su apoyo al enfoque de Bukele.

Las protestas contra la gestión de Boluarte desde que asumió el poder tras la destitución de Pedro Castillo Terrones se han saldado con 49 muertes directas y 77 indirectas, mientras que organizaciones de derechos humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han denunciado excesos por parte de las fuerzas del orden, además de ejecuciones extrajudiciales. En este sentido, las pruebas fotográficas y fílmicas registradas por las organizaciones noticiosas fueron determinantes.