Brasil, Uruguay y Bolivia respaldaron el viernes la postura de Paraguay ante la decisión de Argentina de cobrar peaje a las barcazas que naveguen por el tramo “Puerto de Santa Fe-Confluencia” del río Paraná, se informó en Buenos Aires tras una nueva reunión de la Comisión del Acuerdo de la Hidrovía Paraguay-Paraná.
También respaldaron el punto de vista de Paraguay operadores privados como la Comisión Permanente de Transporte de la Cuenca del Plata, entidad integrada por los usuarios de la hidrovía de los cinco países firmantes del Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra.
Argentina había admitido que la tarifa de peaje no responde a intervenciones de dragado y la justificó por servicios de señalización, cuya prestación no ha sido probada.
”Los cuatro países concluyeron luego de ocho meses de tratamiento del tema en la Comisión del Acuerdo en la que se ofreció amplia oportunidad de justificación por parte de Argentina para concluir el trabajo del cuerpo técnico y elevar la discusión al nivel del Comité Intergubernamental de la Hidrovía (CIH), dijo la Cancillería paraguaya en un comunicado.
Para Paraguay, la discusión técnica ha terminado. Ahora toca buscar una solución política. Y si no es posible, podría recurrirse a un arbitraje internacional.
La delegación argentina se opuso a este procedimiento y propuso continuar el tema en el plano técnico, sin acceder a suspender su intención de aplicar la medida tal como lo solicitaron nuevamente los cuatro países, rezaba el comunicado paraguayo.
A principios de este año, Argentina cobró unilateralmente un peaje de 1,47 dólares por tonelada al transporte de cabotaje que circula por el tramo Puerto de Santa Fe-Confluencia de la Hidrovía del Paraná, por donde pasan las barcazas con soja paraguaya que luego son destinadas a las terminales portuarias y fábricas aceiteras de la zona de influencia de Rosario. Esta medida ha generado un conflicto diplomático entre Argentina y Paraguay.
El gobierno argentino presentó un documento justificando su decisión, pero funcionarios paraguayos llegaron a la conclusión de que no contiene ningún argumento válido porque las condiciones naturales del Paraná en el tramo superior permiten la navegación de barcazas sin necesidad de dragado, ni balizamiento.
Antes de la reunión del viernes, las empresas agroindustriales argentinas, junto con los fabricantes de acero, afirmaron en un comunicado que el arancel cobrado por el gobierno argentino sobre la sección superior del Paraná era notoriamente excesivo.
Entendemos que cualquier arancel que se establezca debe tener una adecuada relación costo-beneficio, que le dé sentido económico a la obra a realizar porque de lo contrario se corre el riesgo cierto de incrementar los costos logísticos y los precios en el mercado interno, rezaba el documento.
Actualmente, debido a la sequía sufrida por nuestro país en el último período, necesitamos importar materia prima de los países vecinos, Paraguay, Brasil y Bolivia mediante barcazas que transitan por ese tramo, para continuar con la producción de las plantas, que este año tienen una capacidad ociosa del 60% y de lo contrario podrían paralizarse. El arancel definido tiene un impacto negativo en la competitividad de nuestro comercio exterior, señala el comunicado.
El peaje encarece la producción de acero en nuestro país, ya que a través de este tramo se importa el mineral de hierro necesario para su producción, provocando un incremento de precios en las diferentes actividades en las que se utiliza este material, agregó.
Ante ello, las entidades del sector agroindustrial y siderúrgico solicitaron al gobierno argentino que tenga a bien revisar la tarifa de peaje fijada, la cual resulta notoriamente excesiva para las necesidades reales que dicho tramo requiere y que, de mantenerse, podría incrementar innecesariamente los costos logísticos de nuestra producción nacional.”