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CEOs de Google y Telegram bajo investigación en Brasil
El juez del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil (STF) Alexandre De Moraes abrió el viernes una investigación contra los CEOs de Google y Telegram en el país por la supuesta campaña de desinformación y ataques lanzados contra el llamado proyecto de ley de noticias falsas.
De Moraes accedió a un pedido de la fiscalía de investigar a los responsables de la “campaña abusiva” contra el proyecto de ley y dio a la Policía Federal un plazo de 60 días para iniciar la investigación.
El 10 de mayo, De Moraes ordenó a Telegram que retirara un mensaje enviado a sus usuarios advirtiendo sobre los peligros del proyecto de ley, y días antes el Gobierno obligó a Google a marcar como publicidad un material que criticaba la propuesta legislativa.
El gobierno brasileño quiere aprobar una ley que limite la difusión de noticias falsas y el discurso de odio. y la desinformación en las redes sociales, entre otras cuestiones, pero las grandes empresas tecnológicas se resisten y utilizan sus plataformas para argumentar contra la ley a través de bulos y exageraciones que pueden constituir un abuso de posición de dominio además de delitos contra las instituciones democráticas, contra la orden de consumo y contra la economía y las relaciones de consumo.
El proyecto de ley de noticias falsas iba a ser votado hace unos días en la Cámara Baja, pero finalmente fue retirado temporalmente después de que el Gobierno se diera cuenta de que todavía no tenía suficientes votos para seguir adelante.
En su decisión, De Moraes señala que la investigación se realizará “frente a los directores y demás responsables” de las empresas que “han participado en la campaña abusiva” contra el texto del Congreso.
La solicitud de investigación fue realizada por la oficina del fiscal general luego de una denuncia del presidente de la Cámara Baja, Arthur Lira.
De Moraes determinó que la Policía Federal actuará por un plazo inicial de 60 días para que los mensajes publicados por las empresas contra el proyecto de ley sean preservados y sometidos a examen forense.
La Policía Federal está autorizada a tomar declaración a los ejecutivos de ambas empresas, que se han posicionado públicamente en contra del proyecto de ley apoyado por parte de la oposición y la base parlamentaria del gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
El 1 de mayo, Google colocó un enlace contra el proyecto de ley en la edición brasileña de su página de inicio y toda su plataforma fue dirigida a noticias contra la iniciativa.
Telegram, por su parte, envió a todos sus usuarios un mensaje afirmando que la ley “acaba con la libertad de expresión” en Brasil, pero la retiró 24 horas después de que De Moraes amenazara con suspender su funcionamiento en territorio brasileño.
El diputado Lira argumentó en su pedido que las plataformas alientan a los usuarios a presionar a los legisladores y promover una “campaña de desinformación”.
La fiscal general adjunta Lindora Araújo incluyó en su pedido investigar a las empresas bajo el código de defensa del consumidor y posible abuso de poder económico por su posición dominante en el mercado. “El escenario fáctico apunta a la existencia de elementos mínimos de información de la conducta delictiva”, escribió.
