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Tribunal en Lima rechaza hábeas corpus para Castillo

 Un grupo de abogados defensores de Castillo había argumentado que seguía siendo Presidente por un tecnicismo

El Poder Judicial de Perú rechazó este lunes el hábeas corpus solicitado por los abogados del ex presidente Pedro Castillo Terrones para que se le condone al ex jefe de Estado los 18 meses de prisión preventiva a los que ha sido condenado mientras se resuelve el proceso en su contra por intentar disolver el Congreso y gobernar por decreto.

Al denegar el pedido, la jueza Gisela Haydee Ocaña Chalco, del Sexto Juzgado Constitucional de Lima, tampoco revocó la destitución de Castillo, según El Comercio.

Castillo se encuentra detenido en el penal de Barbadillo, el mismo donde cumple condena el ex presidente Alberto Fujimori por crímenes de lesa humanidad.

La Federación Nacional de Abogados del Perú, que presentó la petición en nombre de Castillo, argumentó que, para poder ser detenido y juzgado, primero debería haberse levantado su

inmunidad presidencial, un procedimiento que no se llevó a cabo y, por lo tanto, Castillo seguiría siendo técnicamente presidente.

Los fiscales dijeron que la prisión preventiva era “fundada” porque se había determinado “la existencia de una fuerte sospecha [de Castillo] como presunto coautor del delito de rebelión y conspiración contra los poderes del Estado y el orden constitucional”, además del riesgo de fuga que representaba Castillo, quien se había refugiado en la Embajada de México en Lima antes de ser capturado.

Sobre el no levantamiento de la inmunidad de Castillo, la Procuraduría del Estado señala que esta acción se aplica “en el caso de delitos clandestinos, no flagrantes”.

Desde la destitución y detención de Castillo, Perú atraviesa una crisis política y social, con masivas protestas en todo el país que han terminado en enfrentamientos entre manifestantes y la Policía.

Según la Defensoría del Pueblo, 60 personas murieron durante las manifestaciones: 48 civiles “en enfrentamientos”, otras 11 “por accidentes de tráfico y hechos relacionados” con bloqueos de carreteras, y un policía que fue quemado vivo.

El gobierno peruano declaró el estado de emergencia para hacer frente a las manifestaciones, en medio de las críticas de grupos de defensa de los derechos.

Castillo, antiguo maestro y líder sindical de una pequeña ciudad del norte de Perú, se enfrentó a acusaciones de corrupción y a dos intentos de destitución en menos de dos años de mandato. Pero ha mantenido una sólida base entre los votantes rurales y los grupos indígenas privados de sus derechos.