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Equipo de la CIDH concluye misión en Bolivia
El Gobierno reportó avances en el cumplimiento de las 36 recomendaciones emitidas, pero las víctimas dijeron que no hubo ningún avance Un equipo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) finalizó el viernes su misión en Bolivia tras ser informado de que el Gobierno acató sus recomendaciones emitidas tras la crisis política de 2019. La delegación visitante también recogió testimonios de las víctimas, que afirman lo contrario.
Los dignatarios de la CIDH sostuvieron reuniones con funcionarios del Ejecutivo y del Judicial, de la Defensoría del Pueblo y con víctimas de la masacre de Senkata, con del ex presidente Evo Morales y otros dirigentes de partidos políticos.
El Gobierno reportó avances en el cumplimiento de las 36 recomendaciones emitidas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Sin embargo, las víctimas dijeron que no hubo ningún avance, según medios bolivianos.
El ministro de Justicia, Iván Lima, destacó la creación de una “mesa de seguimiento” vigente desde marzo de 2022 para el cumplimiento de las recomendaciones.
También subrayó los procesos contra la expresidenta Jeanine Áñez, sus exministros, exjefes militares y otros implicados en el llamado “golpe de Estado contra Morales en 2019 y la decisión de un juez de juzgar a Áñez por la ”masacre de Senkata“ en un tribunal ordinario sin respetar su condición de expresidenta.
Lima también se refirió a la cumbre contra el racismo y la discriminación organizada por el Ministerio de Culturas para erradicar las causas estructurales de lo ocurrido en 2019 como cumplimiento de las recomendaciones del GIEI.
El representante de las víctimas de Senkata, David Inca, contradijo la versión gubernamental durante la reunión con la CIDH porque el Gobierno no tiene un plan de reparación a las víctimas.
”Hemos respondido que el Gobierno no tiene un plan. No hay un plan integral de reparación. Este plan pasa por la aprobación de una ley y una política de reparación integral“, ninguna de las cuales ”ha sido aprobada hasta la fecha“, dijo el activista de derechos humanos. También afirmó que no existe un registro de víctimas y que el caso sigue bajo investigación.
El dirigente de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, dijo que entregaron un documento en el que analizan el incumplimiento de las recomendaciones y concluyeron que mientras no haya justicia independiente no habrá democracia. ”Desde que el GIEI hizo su informe hasta hoy, la situación de la justicia en Bolivia es mucho peor. La persecución político-judicial, a través del Órgano Judicial, el Ministerio Público y la Policía Boliviana, se ha vuelto moneda corriente“, lamentó Mesa e hizo dos demandas concretas: emitir un informe específico sobre la necesidad de una reforma que genere y garantice la independencia del Órgano Judicial y la modificación de la tipificación de los tipos penales que ahora están dando lugar a la persecución arbitraria de opositores como Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho, Marco Antonio Pumari y otros.
Después de esta visita, se espera que la CIDH emita un informe sobre los avances en el cumplimiento de las recomendaciones del GIEI-Bolivia.
Legisladores de la alianza Creemos presentaron una denuncia por la vulneración de los derechos fundamentales del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien ha sido puesto bajo detención preventiva por el actual Gobierno.
”Estamos agregando esta nota de denuncia en el portal de la CIDH, con la solicitud de medidas cautelares para el gobernador, por las constantes violaciones a los derechos no sólo del gobernador sino ahora también de su esposa, una mujer que fue agredida y maniatada dentro de la cárcel de Chonchocoro“, explicó la diputada María René Álvarez.
La denuncia también menciona el descubrimiento por el propio Camacho de una cámara oculta en su celda, lo que constituye ”otro abuso.“
”La Constitución Política del Estado de Bolivia, así como los instrumentos internacionales, recogen el derecho a la privacidad, y prohíben la injerencia arbitraria en la esfera privada de las personas“, señala la nota.
”El gobernador es víctima de tratos crueles e inhumanos al ser expuesto reiteradamente a graves vulneraciones de sus derechos sin que existan mecanismos que garanticen su protección judicial ni recursos adecuados contra estos atentados a su dignidad e intimidad”, señaló Creemos.
