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Tres nuevos ministros juran sus cargos ante la Presidenta de Perú

Boluarte dijo que no renunciará porque no tiene nada que ocultar

El gobierno de la presidenta peruana, Dina Boluarte, ha sufrido esta semana una remodelación de su gabinete, en un momento en que la crisis del país sigue empeorando con manifestaciones cada vez más violentas, seguidas de muertes y detenciones.

En una ceremonia en el Palacio de Gobierno anunciada con muy poca antelación, Boluarte tomó juramento a Vicente Romero Fernández, Luis Alfonso Adrianzen y Nancy Tolentino como Ministros de Interior, Trabajo y Mujer, respectivamente.

El primero en abandonar el Gobierno había sido Eduardo García Birimisa (Trabajo), que presentó el jueves su carta de dimisión y exigió a Boluarte disculpas por los errores cometidos.

Romero Fernández toma el relevo de Víctor Rojas Herrera y deberá dirigir la Policía Nacional del Perú (PNP) en el actual escenario. Rojas Herrera juró el cargo hace poco más de tres semanas en sustitución de César Augusto Cervantes, que apenas duró diez días. Romero Fernández es un general retirado de la PNP que ya fue ministro del Interior durante tres meses con el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018). También estuvo al frente de la PNP entre 2015 y 2017, cuando el actual primer ministro Alberto Otárola fue ministro de Defensa del expresidente Ollanta Humala (2011-2016).

Adrianzen, abogado de profesión, es el nuevo ministro de Trabajo. Se venía desempeñando como secretario general del despacho de Otárola y fue su asesor durante la gestión de Otálora como ministro de Defensa. Adrianzen también fue gerente general del Ministerio de la Producción del ministro Jorge Luis Prado en el gobierno del ex presidente Pedro Castillo Terrones (2021-2022).

La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Nancy Tolentino, es psicóloga y tuvo otros cargos dentro del ministerio en 2012. Tolentino también había sido delegada nacional suplente ante la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de Estados Americanos (OEA).

En medio de estos nombramientos, Boluarte también pidió “perdón” por la situación actual de Perú, pero dijo que no renunciará, que es una de las principales demandas de los manifestantes. También lamentó las 49 muertes registradas hasta ahora desde que asumió el cargo tras la destitución de Castillo el 7 de diciembre. “Así como pido perdón, como presidenta pido de todo corazón que rechacemos la violencia”, dijo Boluarte.

También saludó las investigaciones emprendidas por el Ministerio Público, que incluyen un antejuicio contra ella y Otárola, por los presuntos delitos de “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves”. Sin embargo, Boluarte insistió en que también es necesario investigar a “infiltrados extranjeros” porque algunas “armas y municiones” habrían ingresado al país por regiones del sur. “Debo ser enfática en señalar que este tipo de municiones no son utilizadas por la Policía Nacional ni por nuestras Fuerzas Armadas”, enfatizó Boluarte.

La mandataria admitió que las personas tienen derecho a protestar pacíficamente, pero no se puede abusar de este derecho bloqueando carreteras, atacando negocios y otras acciones irregulares.

“Esta gente que genera odio, que quemó las casas de los congresistas, que ha asesinado a un policía, no les ha bastado con eso, también han matado animales, ¿qué culpa tienen los caballos o los perros que han sido lanzados sin piedad alguna desde los puentes y cruelmente asesinados?”, se preguntó Boluarte al tiempo que temió que el país esté “volviendo a los años de la violencia terrorista, donde se colgaba a los perros en los postes de luz”.

Boluarte también recordó que Perú ha recibido esta semana a un equipo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “para observar la situación política y social” e insistió en que no tiene “nada que ocultar”.

El Ministerio Público de Perú informó el viernes de que 329 personas habían sido detenidas en relación con las manifestaciones antigubernamentales que comenzaron el mes pasado. Los detenidos, entre ellos un menor de edad, están siendo investigados por “delitos contra la administración pública, motín, violencia, resistencia a la autoridad y obstaculización del funcionamiento de los servicios públicos”.

El “Ministerio Público garantiza que las investigaciones se realicen con estricto respeto a las leyes vigentes en el país y a la defensa de los Derechos Humanos con orden, firmeza y celeridad”, dijeron en un comunicado.

La Fiscalía ha abierto ocho investigaciones por muertes registradas durante diversas protestas desde el inicio de la crisis.