El Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo el lunes a los gobernadores estatales que ellos quieren un golpe de Estado, pero no lo van a conseguir. Con ellos se refería a la gente de los sectores del agronegocio. También cuestionó a las Fuerzas Armadas por su papel en los sucesos del domingo.
Más temprano el lunes, el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre De Moraes había mandado a las tropas del Ejército limpiar los campamentos pro-Bolsonaro en toda Brasilia. El magistrado también ordenó que las más de 1.200 personas detenidas fueran procesadas por terrorismo y otros delitos.
Lula apuntó a los agroindustriales por los asaltos del domingo a las sedes de los tres poderes del Estado. El sector está muy vinculado al ex presidente Jair Bolsonaro. Mientras tanto, grupos ecologistas dijeron que quienes llevan a cabo la deforestación y la minería ilegal en la Amazonia estaban detrás de los disturbios, después del giro de 180 grados de Lula en la política medioambiental con el nombramiento de las ministras Marina Silva y Sônia Guajajara, una ecologista de renombre mundial y una activista aborigen, respectivamente.
Una ministra de Medio Ambiente fuerte y la creación de un Ministerio de Pueblos Indígenas tocan un nervio en alguna parte, según los analistas.
Lula prometió en un breve discurso el domingo que buscará descubrir quiénes son los financistas de estos vándalos. Tras culpar a Bolsonaro, a quien calificó de genocida, acusó al agronegocio y a las mafias de la minería ilegal de financiar este movimiento golpista, del que responsabilizó a Bolsonaro. Esa es su responsabilidad; el agronegocio posiblemente también estuvo ahí, dijo Lula.
El presidente insistió en que alguien debe haber financiado la comida, los viajes y el alojamiento de estos cientos de partidarios de Bolsonaro acampados en Brasilia tras el balotaje del 30 de octubre.