Los manifestantes peruanos volvieron a bloquear carreteras y a protagonizar otras protestas en todo el país por la destitución del ex presidente Pedro Castillo Terrones, tras la que han muerto 28 personas.
Luego de una tregua por las fiestas navideñas, las protestas se reanudaron el miércoles. El primer ministro, Alberto Otarola, dijo que la situación en todo el país era normal a pesar de los bloqueos en las regiones de Cusco y Puno. La protesta es un derecho de la población, pero tiene que hacerse pacíficamente, subrayó. Estamos trabajando con la Policía para mantener el control interno, añadió. Hay 10 bloqueos, principalmente alrededor de Puno, dijo también Otarola a los periodistas en Lima.
Según Al Jazeera, los manifestantes utilizaron el miércoles piedras y neumáticos ardiendo para bloquear las principales rutas en las regiones sureñas de Puno, Cusco, Apurímac y Arequipa, así como en Junín.
La Policía y el Ejército peruanos custodiaron edificios públicos en las zonas donde se han anunciado protestas, entre ellas Ayacucho, la región donde murió el mayor número de personas en las manifestaciones de diciembre. En Cuzco, el servicio ferroviario a la ciudadela inca de Machu Picchu fue suspendido por precaución, después de que 2.062 turistas fueran evacuados el martes.
Perú vivió una ola de protestas tras la destitución y detención del ex mandatario, en la que murieron 22 personas en enfrentamientos entre manifestantes y el Ejército, mientras que otras seis perecieron en accidentes relacionados con los bloqueos.
La presidenta Dina Boluarte creó el miércoles un centro de Monitoreo y Control de Crisis, junto a los ministros de Defensa e Interior. Hago un llamado a la paz, a la calma, a la unidad para promover el desarrollo de la patria, dijo en un discurso.
Los manifestantes quieren la destitución de Boluarte, además de nuevas elecciones y la creación de una Asamblea Constituyente.
La ex vicepresidente Boluarte asumió el poder el 7 de diciembre después de que el Congreso, controlado por la oposición, votara abrumadoramente a favor de la destitución de Castillo, quien había anunciado que disolvía el Parlamento y que gobernaría por decreto a la espera de nuevas elecciones y de la Asamblea Constituyente, lo que es coherente con las demandas del pueblo. La medida de Castillo fue calificada de golpe de Estado, lo que condujo a su destitución, tras la cual fue detenido y se encuentra en prisión preventiva por 18 meses, acusado de rebelión y conspiración.
El gobierno de Boluarte ha aceptado adelantar las elecciones previstas para 2026 a abril del año que viene, pero la mayoría de los manifestantes no están dispuestos a esperar tanto.