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Corte Suprema de Perú confirma prisión preventiva de Castillo por 18 meses

La defensa de Castillo argumentó que su cliente no representaba riesgo de fuga porque necesitaba regresar a su trabajo de maestro rural

La Corte Suprema de Perú confirmó el jueves la orden de prisión preventiva por 18 meses dictada contra el ex presidente Pedro Castillo Terrones, detenido tras su decisión de disolver el Congreso y gobernar por decreto, que desembocó en su destitución.

La decisión supuso el rechazo del recurso presentado por el equipo jurídico de Castillo, que se consideró infundado. El Tribunal Supremo prohibió al ex Primer Ministro Aníbal Torres salir del país durante 18 meses.

”La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ratifica resolución que ordenó 18 meses de prisión preventiva contra el ex presidente Pedro Castillo, investigado por el delito de rebelión (alternativamente, conspiración para la rebelión) en agravio del Estado“, señaló el Poder Judicial en un mensaje publicado en Twitter.

De esta manera, la Corte Suprema confirmó la decisión del juez Juan Carlos Checkley tras considerar que de la actuación de Castillo se desprenden ”fundados elementos de convicción“ de la presunta comisión de los delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y perturbación grave de la tranquilidad pública.

El abogado de Castillo, Wilfredo Robles, argumentó que la Fiscalía mostraba ”un afán de acumular delitos“ contra el ex jefe de Estado y afirmó que no había motivos para mantener en la cárcel al maestro indígena de Chota. Robles insistió en que Castillo no llamó a levantarse en armas durante el mensaje que dio el 7 de diciembre, y también dijo que el ex mandatario debía retomar su trabajo en la escuela rural, por lo que no existía riesgo de fuga.

Castillo también participó en la audiencia del miércoles y dijo que su detención se debía a una venganza política. ”Nunca he cometido un delito de rebelión. No me he levantado en armas y tampoco he llamado a nadie a levantarse en armas, pero debo decir que quien se levantó en armas para acabar con la vida de más de 30 peruanos es el actual gobierno”, dijo Castillo en relación a las 28 personas muertas en protestas en todo el país tras su derrocamiento.

La fiscal suprema adjunta, Silvia Sack Ramos, explicó que el Ministerio Público solicitó el encarcelamiento de Castillo debido a la gravedad de los delitos y a la posibilidad de que salga del país. El Gobierno del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ya ha ofrecido asilo político a Castillo, cuya familia ya se ha acogido a la opción. El juez Checkley había destacado la intención de Castillo de acudir a la embajada mexicana en Lima al momento de su detención.