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Un tribunal peruano condena a Castillo a 18 meses de prisión preventiva

La destitución de Castillo trajo de todo menos paz al Perú

El ex presidente peruano Pedro Castillo Terrones ha sido condenado a 18 meses de prisión preventiva al ser acusado de rebelión y conspiración por anunciar que disolvería el Congreso y gobernaría mediante decretos ley.

 El presidente del Juzgado de Investigación Preparatoria, Juan Carlos Checkley Soria, ordenó 18 meses de prisión preventiva contra Castillo. ”El Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia resuelve declarar fundada en parte la solicitud de prisión preventiva formulada por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos contra el imputado José Pedro Castillo Terrones en su calidad de presidente de la República como presunto coautor de abuso de los poderes del Estado y del orden constitucional en la modalidad de rebelión (...) y conspiración“, dispuso Checkley Soria.

La medida tiene vigencia hasta el 6 de junio de 2024, pero el equipo legal de Castillo ya anunció que presentaría una apelación. Sin embargo, Castillo y sus abogados se negaron a participar en la audiencia virtual del jueves, argumentando que carecía de las más mínimas garantías. Estuvo representado por un abogado de oficio.

Desde la destitución de Castillo, el número total de víctimas asciende a diez tras la toma del aeropuerto de Ayacucho, donde grupos de manifestantes quemaron una fiscalía, tras lo cual 71 personas fueron detenidas y 216 agentes del orden resultaron heridos.

El Ministerio de Salud de Perú informó de 40 personas hospitalizadas y la Defensoría del Pueblo exigió al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas que no utilice armas de fuego y deje de lanzar bombas lacrimógenas desde helicópteros, después de que 171 personas fueran atendidas desde el inicio de las protestas.

”Ni la violencia ni el radicalismo acabarán con un Gobierno legal y legítimo. No hay lugar para el miedo, sino para el coraje, la unidad y la esperanza de un país que merece más de sus políticos. Por eso, en respuesta a la demanda de los ciudadanos, quiero ratificar la propuesta de mi gobierno de adelantar las elecciones“, dijo la presidenta Dina Boluarte.

Mientras tanto, Perú ha llamado a consultas a sus embajadores en Argentina, Bolivia, Colombia y México tras lo que fue percibido como una ”intromisión en asuntos internos“ por parte de los presidentes de esos países, anunció el jueves la ministra de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervasi.

”Junto con la presidenta de la República, hemos dispuesto el retiro a Lima de nuestros embajadores en Argentina, Bolivia, Colombia y México, en reacción a la injerencia en los asuntos internos del Perú por parte de las más altas autoridades de esos países,“ dijo Gervasi, al tiempo que criticó que en los últimos días esas naciones cuestionaron la sucesión presidencial, realizada ”en estricto apego a la Constitución peruana“ tras la destitución de Castillo el 7 de diciembre.

Estos gobiernos expresaron esta semana en un comunicado conjunto que Castillo ”fue víctima de un acoso antidemocrático“ y recibió un trato violatorio del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Gervasi insistió en que en Perú existe pleno respeto a los derechos humanos, al debido proceso y a la separación de poderes, y consideró que la declaración de las cuatro naciones ”no es congruente con los tradicionales lazos de amistad, cooperación y respeto mutuo que unen a nuestros países“.

En contra de la postura de estos países, el Presidente chileno, Gabriel Boric Font, ha reconocido a Boluarte como Presidenta legítima de Perú.

La ministra chilena de Asuntos Exteriores, Antonia Urrejola, habló el jueves por teléfono con Gervasi para expresarle el apoyo de su país a las actuales autoridades. ”Castillo no respetó las normas constitucionales”, dijo también Urrejola en una entrevista televisiva.