El presidente boliviano, Luis Arce Catacora, ha promulgado el proyecto de ley sobre el censo nacional, que había provocado una huelga de 36 días en la provincia de Santa Cruz, donde vive la mayor parte de la población derechista del país que se opone al gobierno socialista.
Según la nueva legislación, el Censo de Población y Vivienda se realizará en marzo de 2024, tras varios aplazamientos alegando razones técnicas. La nueva encuesta actualizaría la representación legislativa y el financiamiento estatal asignado a Santa Cruz para actividades políticas.
El Poder Ejecutivo ya había decidido por decreto que esta encuesta se realizaría el 23 de marzo de 2024. Sin embargo, la oposición insistió en que se aprobara por ley.
Al firmar la promulgación del proyecto de ley el viernes, Arce dijo que las pérdidas por el paro ascienden a unos 1.200 millones de dólares. La ley que se aprobó en el Congreso no es de la derecha, fue planteada por la izquierda, y no vulnera competencias. Es una ley para la aplicación de los resultados del censo, argumentó Arce.
Por su parte, el ex presidente Evo Morales advirtió que la nueva ley supone el retorno de la pactocracia neoliberal, el pacto de impunidad a cambio de gobernabilidad.
El portavoz presidencial, Jorge Richter, anunció que aunque el gobierno de Arce hizo aprobar la ley, los organizadores del paro de 36 días, es decir, Luis Fernando Camacho, Rómulo Calvo y Vicente Cuéllar, deben responder por la violencia, las muertes y las pérdidas económicas.
Richter también admitió que la posibilidad de militarizar Santa Cruz bajo un estado de excepción había estado sobre la mesa de Arce. El presidente Arce tomó la decisión, alejado de las opiniones de los actores externos e internos, y optó por la pacificación, dijo.