El presidente de Argentina, Alberto Fernández, respondió este viernes a la nota del fiscal general interino Eduardo Casal del día anterior en la que acusaba al mandatario de intromisión indebida en la investigación en curso contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por presunta corrupción.
El mandatario insistió en que de ninguna manera buscó interferir en el trabajo del fiscal Diego Luciani al responder preguntas durante un programa de televisión cuando dijo que la ex presidenta estaba siendo objeto de una persecución judicial. Fernández, sin embargo, cuestionó el doble estándar de Casal e insistió en que el Poder Judicial y sus jueces y funcionarios no están ni pueden estar exentos de críticas y opiniones en una sociedad democrática.
Debo señalar que tales expresiones [persecución judicial] no pueden ser interpretadas en modo alguno en el sentido de querer condicionar la actuación de un funcionario y ello es claro ya que fueron realizadas cuando el Fiscal del caso ya había terminado su argumentación en el proceso, subrayó el Presidente.
En cuanto a la doble moral, Fernández recordó que el Procurador no se sorprendió tanto cuando el ex presidente Mauricio Macri, también en el ejercicio de sus funciones presidenciales, instruyó directamente a su Ministro de Justicia para que iniciara el juicio político contra el juez Alejo Ramos Padilla.
Puede observarse que, en este caso, no se trató de una simple opinión del ex presidente, sino de un pedido expreso de destitución de un juez que recién comenzaba una importante investigación sobre graves acciones de espionaje ilegal, continuó Fernández, e insistió en que el celo de Casal... hubiera sido importante, para la salud democrática de nuestro país, para impulsar investigaciones transparentes sobre las verdaderas motivaciones de algunas visitas realizadas por destacados miembros del Poder Judicial al ex presidente Mauricio Macri en la Quinta de Olivos y también en la Casa Rosada; sobre el rol jugado por el prófugo Pepín Rodríguez Simón y otros ex funcionarios en la llamada ‘Mesa Judicial’ y sobre la garantía de imparcialidad de quienes intervienen como magistrados y funcionarios en procesos penales, especialmente en la justicia federal, cuando se investiga a dirigentes políticos.
Esta doble vara para medir los hechos institucionales y esta sistemática asimetría en las posiciones adoptadas por algunos importantes magistrados y funcionarios de la justicia federal... hacen aún más necesario abrir estos debates para proteger la salud de la democracia y para que los procesos electorales y la vida democrática de la sociedad no se vean afectados nuevamente por el accionar de la justicia con intereses políticos y/o fácticos.
Fernández había comparado a Luciani con el también fiscal Alberto Nisman, quien fue encontrado muerto con un disparo en la cabeza en 2015, horas antes de presentar una denuncia en el Congreso contra la entonces presidenta.