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Presidente argentino cierra filas con CFK por el pedido de la Fiscalía
El lunes fue “un día muy ingrato” para quien creció en la familia de un juez y ha enseñado Derecho Penal durante más de tres décadas, escribió el presidente Alberto Fernández El presidente argentino, Alberto Fernández, expresó este lunes su respaldo a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK) después de que un fiscal pidiera para ella 12 años de cárcel por presuntos actos de corrupción durante su mandato como jefa de Estado (2008-2015).
“Vuelvo a transmitir mi más profundo afecto y solidaridad a la vicepresidenta”, publicó Alberto en Twitter.
“El Gobierno Nacional condena la persecución judicial y mediática contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que se expresó hoy, una vez más, en la sentencia final de alocución y pedido de pena en la denominada Causa Vialidad”, dice un comunicado de la Casa Rosada.
Tal como lo expresó el presidente Alberto Fernández en varias oportunidades, “la persecución judicial avalada y promovida por distintos medios de comunicación, la criminalización abusiva de la figura de la asociación ilícita, la imposición de la prisión preventiva como pena anticipada, la imputación basada en responsabilidades objetivas y la aplicación del derecho penal del autor, son todos aspectos que contradicen la dogmática del derecho penal aplicable en una República fundada en el Estado de Derecho”, continuó el comunicado.
“Ninguno de los hechos atribuidos a la ex presidenta ha sido probado y toda la acusación contra ella se refiere únicamente a la función que ejerció durante ese período, lo que lamentablemente degrada los más elementales principios del derecho penal moderno”, añade el documento.
“El Gobierno reitera su adhesión al principio constitucional de inocencia y a la plena vigencia del funcionamiento democrático del Poder Judicial, el derecho de defensa y la igualdad ante la ley, y continuará bregando por una reforma judicial que garantice estos valores para todos”, señaló el Ejecutivo al tiempo que expresó “su solidaridad con la vicepresidenta ante esta persecución y búsqueda de proscripción, que se enmarca en intentos similares llevados a cabo contra otros dirigentes populares cuando la justicia se pone al servicio de los poderes fácticos”, insistió la Presidencia.
En un tono más personal, el presidente Fernández añadió que el lunes fue “un día muy ingrato para alguien que, como yo, ha crecido en la familia de un juez, se ha formado en el mundo del derecho y lleva más de tres décadas enseñando Derecho Penal”.
Tras nueve días de audiencias, los fiscales Sergio Mola y Diego Luciani solicitaron que la actual vicepresidenta sea condenada a 12 años de prisión e inhabilitación de por vida, lo que también se pidió para los demás imputados en la causa, la mayoría de ellos altos funcionarios de la administración de CFK.
La acusación se basa en el presunto desvío de fondos para obras públicas en Santa Cruz entre 2003 y 2015. El fiscal Luciani dijo al Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) que consideraba probado que CFK era la “jefa de la asociación ilícita” culpable de la administración fraudulenta de bienes públicos.
También están imputados en la misma causa el empresario Lázaro Báez (para quien se piden 12 años de prisión), junto al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José Francisco López y el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) Nelson Periotti, entre otros.
“Estamos ante un delito de extrema gravedad. Es la mayor trama de corrupción conocida en el país”, argumentó Luciani, quien subrayó que CFK decepcionó a quienes la votaron.
El fiscal también criticó que la Oficina Anticorrupción haya dejado de ser querellante y la Unidad de Información Financiera haya pedido la absolución de los acusados.
Luciani también lamentó que la ex presidenta haya dicho que “la historia” la había absuelto cuando “sabe muy bien que el Poder Judicial” es la institución encargada de procesarla. La clemencia de la historia fue también el argumento del almirante Emilio Massera durante el juicio a las Juntas Militares a mediados de los años 80, tras el retorno del régimen democrático.
El fiscal también fue crítico con la defensa que hizo el presidente Fernández de su compañera de fórmula y acusó al jefe del Estado de “injerencia indebida” en asuntos del Poder Judicial.
Tras un cuarto intermedio de 30 minutos, el Tribunal decidió rechazar el pedido de CFK de ampliar su indagatoria, lo que el principal asesor legal de la vicepresidenta, Carlos Beraldi, calificó como una “vergüenza”, alegando que a su cliente se le había negado el derecho a una defensa adecuada después de que la fiscalía incluyera en sus alegatos finales cuestiones “fácticas” que no habían sido discutidas previamente.
El juicio comenzó en mayo de 2019 y debe dictaminar si hubo desvío y/o sobreprecio en 51 obras públicas adjudicadas a contratistas afines a la familia Kirchner durante los gobiernos del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) y de Cristina Fernández (2007-2015) en la sureña provincia de Santa Cruz.
“Las licitaciones fueron manifiesta y deliberadamente amañadas para que algunas empresas de Lázaro Báez resultaran adjudicatarias”, sostuvo Luciani. También responsabilizó a CFK por el “plan de salida” llevado a cabo cuando el kirchnerismo perdió las elecciones de 2019.
“Más allá de que las obras se hicieran o no en el tiempo y forma contractual, Báez recibió sumas de dinero injustificadamente siderales”, dijo Luciani, mientras que Mola, citando el testimonio de peritos, habló de más de AR$ 173 millones en sobreprecios. “Considerando que el daño al Estado está constituido, no es menor a AR$ 5.321 millones, aproximadamente US$ 1.000 millones. El monto debe ser actualizado”, explicó.
