La violencia mapuche alcanza niveles inéditos después de que la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) reivindicara este martes un atentado incendiario contra una faena forestal en la comuna de Lumaco, en la región de la Araucanía, 700 kilómetros al sur de Santiago.
Hasta el 9 de agosto de este año, en la zona de la Auracanía se han registrado 54 ataques de encapuchados vinculados a los grupos mapuches más radicalizados.
En 2021 se identificaron 55 ataques y en 2020 se registraron 28 de estos hechos, mientras el conflicto se dispara. Los asaltantes, calificados como terroristas por el Poder Judicial, queman bienes y maquinaria, matan y hieren a los vecinos y se apoderan de porciones de tierra.
La última acción de sabotaje destruyó un vehículo tipo skidder en el sector de Pullahuen Alto, una zona donde la empresa Covilli ha registrado más de 10 ataques desde 2014.
Un fuerte contingente policial está dirigido a reprimir a las comunidades en el proceso de recuperación territorial en la zona, señaló la CAM a través de un comunicado, específicamente uno de sus Órganos de Resistencia Territorial (ORT) denominado Anganamun.
Hasta el momento, las autoridades siguen intentando acceder al lugar, ubicado en la espesa selva de la cordillera de Nahuelbuta.
La CAM, cuya primera acción violenta se registró en 1997, es la organización más relevante del movimiento autonomista mapuche de los últimos 20 años, desarrollando, a diferencia de otras expresiones radicales, una línea política que apunta a la liberación nacional del pueblo mapuche, posición que choca con la propuesta de plurinacionalidad contenida en el proyecto de la nueva Constitución que se someterá a votación el mes próximo.
No habrá tregua con las empresas forestales, señalaron grupos radicales mapuches. El llamado conflicto mapuche lleva ya décadas. Las comunidades indígenas se oponen a que las empresas agrícolas y forestales exploten tierras consideradas ancestrales que los mapuches afirman fueron ocupadas por la fuerza por el Estado chileno a finales del siglo XIX en un proceso conocido oficialmente como Pacificación de la Araucanía y que ahora pertenecen en su mayoría a poderosas empresas forestales.
Los ataques incendiarios contra la maquinaria y las explotaciones agrícolas son frecuentes y el conflicto ha costado la vida a un gran número de comuneros mapuches a manos de agentes del Estado, además de la muerte de policías y las huelgas de hambre de los presos indígenas.
Lo que ocurre en Chile puede acabar ocurriendo en Argentina, especialmente en las provincias que los mapuches consideran sus territorios ancestrales: Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
El ex fiscal de la Araucanía, Francisco Ljubetic, también subrayó que los mapuches encapuchados utilizaban armas de fuego de fabricación argentina. También argumentó que los ataques mapuches no son aleatorios. Muchos sucesos violentos en la Patagonia argentina se han saldado sin detenciones, lo que resulta alentador para los grupos mapuches. Ljubetic también señaló que estos grupos recibieron ayuda financiera de países europeos.