La oposición teme que los servicios de inteligencia se conviertan en una policía del pensamiento político El presidente argentino Javier Milei emitió un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para reestructurar el servicio de inteligencia, lo que generó inquietud entre los sectores de la oposición, en particular por las nuevas facultades otorgadas a los agentes de campo.
La reforma reubica a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) en la cima de la estructura. Sus agentes ahora tienen la autoridad para aprehender personas. Además, el aparato de inteligencia reportará a la Secretaría General de la Presidencia, dirigida por Karina Milei, hermana del mandatario.
Según el DNU, los agentes de inteligencia pueden arrestar a sospechosos cuando protegen instalaciones, bienes o personal; ejecutar detenciones en casos de delitos flagrantes o por solicitud judicial; y usar la fuerza para repeler o detener ataques que pongan en riesgo las operaciones de inteligencia.
Si bien el decreto exige que se notifique inmediatamente a las fuerzas de seguridad federales tras una aprehensión, los críticos argumentan que la SIDE se parece más a una policía política.
Según se explicó, el DNU busca eliminar la fragmentación institucional centralizando la inteligencia militar y criminal. Otros cambios estructurales incluyen la eliminación de la Dirección Nacional de Inteligencia Militar Estratégica, cuyas funciones revierten al Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas para garantizar una operatoria unificada.
Además, el gobierno libertario ha separado la Ciberinteligencia (monitoreo ofensivo bajo la SIDE) de la Ciberseguridad (protección defensiva). Esta última será gestionada por un nuevo Centro Nacional de Ciberseguridad descentralizado, bajo la órbita del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
La reforma enfatiza las Medidas de Seguridad de Contrainteligencia en todo el Sector Público Nacional. Bajo las nuevas normas, los directores de todas las agencias gubernamentales son responsables de implementar estas medidas. Algunos analistas sugieren que esto convierte al Estado en una megaestructura de contrainteligencia.
Asimismo, la reorganización indica una mayor alineación con los servicios de inteligencia de Estados Unidos e Israel. Al crear una estructura más corporativa e integrada, la administración Milei busca modernizar el sistema para enfrentar amenazas globales de alta intensidad, incluyendo la ciberguerra y el crimen organizado.
Según medios locales, se espera que la Comisión Bicameral de Supervisión de Inteligencia impugne el decreto, en particular por la falta de límites claros para la información clasificada. Los críticos han señalado que dicho secretismo no debe utilizarse para encubrir escándalos de corrupción. Citaron las recientes controversias en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que también fue disuelta en la última semana de 2025.
En opinión del gobierno, estas reformas de segunda generación son esenciales para resolver décadas de duplicación de funciones y proporcionar al presidente inteligencia estratégica oportuna y verificable.