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Estado argentino seguirá a cargo de la Hidrovía del Paraná a la espera de la licitación

Martes, 2 de agosto de 2022 - 09:42 UTC
Esta posibilidad estaba contemplada en el decreto por el cual el Estado se hizo cargo de la concesión el año pasado Esta posibilidad estaba contemplada en el decreto por el cual el Estado se hizo cargo de la concesión el año pasado

El Ministerio de Transporte de Argentina anunció este lunes que su Administración General de Puertos (AGP) seguirá a cargo de la Hidrovía Paraná-Paraguay tras prorrogar el actual convenio que vence el 11 de septiembre.

El contrato actual fue prorrogado anticipadamente en el marco de la licitación que se activó tras la salida de Emepa y Jan de Nul como socios a cargo del corredor fluvial.

Según la Resolución 515 publicada en el Boletín Oficial, la AGP seguirá encargándose del mantenimiento de la vía fluvial, que incluye su dragado y señalización.

El organismo también será responsable del control hidrológico de la hidrovía troncal, incluyendo el segmento comprendido entre el kilómetro 1,238 (punto de Confluencia) hasta la zona de aguas profundas naturales del Río de la Plata.

La prórroga se dispuso debido a la demora en la licitación de la Hidrovía, cuyo proceso administrativo aún no se ha iniciado, y que ha sido encomendada al Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable, presidido por Ariel Sujarchuk e integrado por representantes de las siete provincias argentinas a lo largo del Paraná.

La próxima concesión a largo plazo tiene por objeto la modernización, ampliación, explotación y mantenimiento de la vía navegable. Las empresas adjudicatarias también se encargarán del cobro del peaje.

La AGP seguirá a cargo de la hidrovía hasta que la empresa ganadora de la licitación se haga cargo de la Hidrovía Paraguay-Paraná. La medida anunciada el lunes también se enmarca en el decreto por el que el Estado se hizo cargo de la concesión el año pasado.

En 1995, la gestión de la Hidrovía fue entregada a la empresa belga Jan de Nul y a la argentina Emepa. Esa concesión venció el año pasado, momento en el que el gobierno nacional decidió que quedara en manos de la AGP hasta que se realizara una nueva licitación.

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