Los asesores jurídicos del Ministerio de Salud uruguayo (MSP) presentarán este lunes una apelación a la decisión del juez Alejandro Recarey de suspender la vacunación contra el COVID-19 de personas de 13 añños o menos, se informó en Montevideo.
El magistrado había considerado que había razones suficientes para cuestionar la eficacia y la seguridad de las inyecciones, y dio a los demandados (el MSP y Pfizer) 72 horas hábiles para presentar pruebas que demostraran lo contrario.
Fuentes de la Presidencia de Uruguay afirmaron que la apelación estaba ya pronta el viernes. Aun así, prefirieron perfeccionar el texto durante el fin de semana para que resulte en consideraciones sólidas y contundentes para que una Corte de Apelaciones revierta el fallo de Recarey.
El documento será revisado primero por Recarey y luego remitido a la Corte Civil de Apelaciones, que tendrá cuatro días para dictar sentencia.
El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, subrayó que el Gobierno confía en que la decisión del juez pueda ser revocada lo antes posible y que todo el caso se convierta en una anécdota desagradable en pocos días.
El asesor jurídico de la Presidencia, Rodrigo Ferrés, lleva el caso en nombre del Gobierno uruguayo del presidente Luis Lacalle Pou.
Pfizer lamentó la decisión tomada a nivel judicial que suspendió la vacuna contra el COVID-19 a menores de 13 años e insistió a través de un comunicado que sus medicamentos siguieron estrictos procesos de seguridad y calidad.
La compañía farmacéutica insistió en que en particular, la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer/BioNTech recibió la autorización de uso de emergencia o la autorización de comercialización completa de las agencias reguladoras en Europa, Estados Unidos y muchos otros países de la región latinoamericana y del mundo.