Un tribunal uruguayo ha dictaminado que el gobierno nacional y el laboratorio Pfizer deben revelar durante una audiencia el próximo miércoles los componentes exactos de la vacuna COVID-19 de esa marca que se utiliza ampliamente en todo el país.
El gobierno uruguayo y la farmacéutica recibieron un plazo de 48 horas por parte del juez Alejandro Recarey para presentar información detallada sobre las vacunas anticovíricas, mientras se tramita un pedido de amparo para frenar la vacunación entre los niños mayores de 5 años que, sin embargo, se realiza de forma voluntaria.
Según la decisión judicial, el Ejecutivo y el laboratorio estadounidense tendrán que aportar documentación sobre la composición de las vacunas, incluyendo la posible presencia de óxido de grafeno o elementos nanotecnológicos, se informó.
También se piden datos que demuestren la inocuidad de la sustancia denominada ARN mensajero y que se acredite el carácter experimental de las vacunas.
El juez también exigió explicaciones sobre si se han realizado estudios para explicar el notorio aumento de muertes por covid-19 a partir de marzo de 2021 en relación con el año anterior.
Pfizer también tendrá que abordar la cuestión de los efectos adversos de las vacunas contra el llamado Covid-19. En general, y también en detalle en relación con la población infantil”, según el documento judicial.
En la audiencia del miércoles comparecerán representantes de la Presidencia uruguaya y del Ministerio de Salud, así como de la empresa farmacéutica estadounidense.
El Ministerio de Salud Pública uruguayo, la Administración de Servicios de Salud del Estado y la Presidencia también deben presentar toda la información relativa al contrato de compra de vacunas, donde se examinarán las cláusulas de indemnización civil o impunidad penal de los proveedores en caso de efectos adversos.