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Caso Emtrasur: juez pide a EE.UU. información sobre vínculos con el terrorismo
Los investigadores argentinos descartaron que se tratara de una “expedición de pesca” y explicaron que desde el 11 de septiembre los casos de terrorismo siguen un protocolo diferente. El juez federal argentino Federico Villena ha enviado comisiones rogatorias a las autoridades de Estados Unidos para determinar si el Boeing 747-300 de Emtrasur retenido en el aeropuerto de Ezeiza estaba sujeto a algún embargo o restricción formal, se informó este viernes en Buenos Aires.
Los investigadores locales también aspiran a establecer si el capitán del carguero, el iraní Gholamreza Ghasemi, o algún otro miembro de la tripulación estaban siendo investigados por posibles vínculos con el terrorismo internacional.
Villena también preguntó si se había dictado alguna medida que restringiera la “libertad de movimiento” de Ghasemi y si la aeronave estaba o no “sujeta a un embargo o restricción formal”.
La solicitud diplomática fue presentada tras el dictamen de la fiscal Cecilia Incardona en el que se citaba “la posible relación de Gholamreza Ghasemi con actividades terroristas internacionales” y para acreditar la propiedad de la aeronave que antes operaba la iraní Mahan Air y que actualmente está al servicio de Emtrasur, filial del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa), todas ellas empresas sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
El juez Villena ha retenido los pasaportes de toda la tripulación, compuesta por cinco iraníes y catorce venezolanos, y ha incautado la aeronave a la espera de las investigaciones, mientras que la fiscal Incardona señaló que el FBI informó que el piloto del avión era director ejecutivo y miembro del consejo de administración de Qeshm Fars Air, una empresa que asiste a la Fuerza Quds -división del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán- y a Mahan Air, ambas calificadas como “entidades terroristas”.
La fiscal argentina insiste en que la investigación judicial debe determinar si el propósito real del viaje era entregar autopartes o si implicaba un “acto de preparación para proveer bienes o dinero” que pudieran ser utilizados para actividades terroristas.
La llegada del avión provocó un revuelo mediático y el cuestionamiento de la oposición en Argentina, país que sufrió dos atentados terroristas en la década de los 90: contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y la Embajada de Israel en Buenos Aires, ambos atentados vinculados por la inteligencia israelí con Irán y Hezbolá.
Incardona ha procesado a Ghasemi como sospechoso de terrorismo. Los tripulantes iraníes y venezolanos del 747 seguirán con prohibición de salir del país. Mientras tanto, se alojan en un hotel de la zona de Canning, jurisdicción de Ezeiza. Si bien no se han dictado restricciones de movimiento, una discreta guardia vigila el lugar, según informan los medios locales.
Aunque el caso sigue bajo secreto, se ha filtrado a la prensa el contenido del teléfono móvil de Ghasemi: en él aparecían fotos del piloto como miembro de la Guardia Revolucionaria Al Quds e imágenes con presuntos mensajes antiisraelíes.
A pesar de los escasos resultados, los investigadores descartaron que se tratara de una “expedición de pesca” y explicaron que, desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, las investigaciones sobre terrorismo están sujetas a un protocolo diferente que avalaría todo lo hecho hasta ahora.
