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Casi 34.000 detenidos por el estado de excepción en El Salvador

Los asesinatos habían disminuido desde 2016 hasta que un supuesto incumplimiento de un acuerdo entre una de las principales bandas y la administración de Bukele

Cerca de 34.000 personas han sido detenidas bajo la vigencia del estado de excepción en El Salvador desde el pasado 27 de marzo, según se informó este lunes, mientras el Congreso se dispone a acordar una nueva prórroga de la medida. Las organizaciones de derechos humanos han advertido de detenciones arbitrarias.

Según la Policía Nacional Civil (PNC), desde el 27 de marzo hasta el 22 de mayo han sido aprehendidas 33.812 personas acusadas de pertenecer a organizaciones terroristas y pandillas violentas, aunque no se han dado más detalles sobre el grado de implicación de cada individuo en dichos grupos.

El régimen de excepción, promulgado para frenar la violencia de las bandas tras una escalada de asesinatos a finales de marzo, suspende el derecho a la defensa mientras la detención administrativa pasa de un máximo de 3 a 15 días. Los detenidos bajo este régimen permanecen en prisión hasta 15 días, tras los cuales se enfrentan a una audiencia inicial en la que, en la mayoría de los casos, son asistidos por un abogado de oficio que les designa la Fiscalía. Mientras tanto, los detenidos son enviados a diferentes prisiones de todo el país.

Bajo el estado de emergencia, los ciudadanos también se han visto privados de otros derechos constitucionales, como la libertad de asociación y de reunión.

El Presidente Nayib Bukele pidió al Congreso en marzo que aprobara un régimen de excepción durante 30 días tras una oleada de asesinatos entre el 25 y el 27 de marzo. La medida se prorrogó el 25 de abril y se espera que el régimen se extienda durante 30 días más a petición del jefe de Estado.

Según un informe de prensa, el supuesto incumplimiento de un pacto entre el gobierno y la pandilla Mara Salvatrucha (MS13) había desencadenado la ola de asesinatos.

Antes de marzo, la administración de Bukele afirmaba tener el control del país y mostraba con orgullo un descenso de los asesinatos que, según decía, se debía al plan de Control Territorial del gobierno.

Las bandas son un legado de la guerra civil del país (1980-1992) que se ha agravado desde la deportación de muchos de sus miembros desde Estados Unidos. Más de 70.000 personas pertenecen a estas organizaciones.