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Tribunal dictamina que la masacre de Napalpí fue un crimen de lesa humanidad
Se esperaba que el historiador qom Juan Chico testificara, pero murió el año pasado de COVID-19. Un tribunal federal argentino de la ciudad norteña de Resistencia dictaminó este jueves que la matanza de comunidades indígenas de 1924 constituyó un crimen de lesa humanidad. Aunque ninguno de los autores sigue vivo para afrontar las consecuencias, el fallo se considera de proporciones históricas.
El tribunal determinó que estaba “probado” que el Estado argentino fue responsable de crímenes de lesa humanidad contra las comunidades nativas Qom y Moqoit en la actual provincia de Chaco.
Los querellantes y los fiscales coincidieron en calificar la Masacre como “homicidio agravado” y también como delito de “reducción a la servidumbre”, ambos calificados como crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de un proceso de genocidio de los pueblos indígenas.
Se trató de un “juicio por la verdad”, ya que no hubo acusados, por estar todos los culpables fallecidos. Se utilizaron como pruebas los testimonios grabados de los sobrevivientes y sus descendientes.
“La particularidad de este juicio no es sólo producir una verdad histórica sino también realizar cambios que humanicen el Poder Judicial”, dijo la secretaria de Derechos Humanos y Género de Chaco, Silvana Pérez, quien actuó como querellante en la causa.
A su juicio, Napalpí fue “un modelo que no está lejos de los campos de concentración o de los centros clandestinos de detención”.
Las reducciones indígenas son “un espacio de control social y de disciplinamiento a través de una educación de sumisión, de rechazo y de discriminación, en el que se violó el derecho a la vida, pero también el derecho a la cultura, a la libertad, a la lengua, en fin, a la dignidad”, prosiguió.
El abogado Diulio Ramírez, quien también representó el pedido de reparación de los demandantes, explicó cómo la Nación “asesinó y redujo a la servidumbre” a comunidades que acompañaron procesos históricos liderados por próceres como los generales José de San Martín, Manuel Belgrano y Martín Güemes. Ramírez también afirmó que miembros de esas comunidades combatieron en la Guerra de Malvinas de 1982.
“Los pueblos originarios que fueron víctimas de hechos como la Masacre de Napalpí fueron los mismos que acompañaron a San Martín y Belgrano, que integraron la guerrilla de Güemes en la guerra gaucha, y de José Artigas, es decir, el 'indio' contribuyó a la liberación de nuestro país y de Sudamérica”, reflexionó.
“Más cerca en el tiempo podemos decir que tenemos 48 soldados qom y wichi y 52 soldados mapuches que participaron en Malvinas y dieron su sangre por este país, pero la Nación les pagó muy mal”, subrayó.
Querellantes y fiscales coincidieron en calificar la Masacre como “homicidio agravado” y también como delito de “reducción a la servidumbre”, ambos considerados crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de un proceso de genocidio de los pueblos indígenas.
El historiador qom Juan Chico es autor de dos libros sobre la Masacre: “La voz de la sangre” y “Las Voces del Napalpí”. Se esperaba que declarara, pero murió el año pasado de COVID-19.
Emiliano Núñez, del Instituto del Aborigen Chaqueño, enumeró las medidas reparatorias que se buscan, que incluyen que este juicio sea parte de la currícula educativa, la creación de centros de estudio sobre la historia de los pueblos originarios y la conformación de un espacio de memoria de la reducción de Napalpí.
“Entendemos que todo está dicho. Los testigos nos mostraron de diferentes maneras y facetas lo que sucedió. La reducción de indios fue creada por el Estado argentino con el objetivo de culminar el proceso de ocupación del territorio y la explotación de los indígenas en malas condiciones y a destajo”, argumentó el fiscal Federico Carniel.
“El responsable no es otro que el Estado, tanto la intervención nacional como la provincial. Y están en juego dos normas del código penal de la época: el delito de servidumbre y el delito de homicidio, que entendemos debe ser calificado como delito de lesa humanidad en el proceso de genocidio”, concluyó.
El fiscal pasó por alto que en 1924 Chaco no era una provincia. Era un territorio nacional gobernado por autoridades designadas por el gobierno federal en Buenos Aires. Chaco se convirtió en provincia en 1951 con el nombre de “Provincia Presidente Perón”, que volvió a cambiar a Chaco tras el golpe de Estado de 1955.
La Masacre de Napalpí fue el asesinato de más de 400 miembros de las etnias Qom y Moqoit por parte de fuerzas estatales y colonos del entonces territorio nacional del Chaco, el 19 de julio de 1924.
La masacre fue cometida por fuerzas policiales, con la participación de civiles, bajo el mando del gobernador Fernando Centeno, quien dependía del presidente Marcelo de Alvear de la Unión Cívica Radical (UCR).
Los testimonios hicieron aportes sobre el funcionamiento y su objetivo disciplinador hacia las comunidades indígenas de la zona, que fueron confinadas en la reducción de Napalpí y explotadas como mano de obra. Sus condiciones de trabajo y de vida llevaron a protestas que fueron sofocadas el 19 de julio de 1924 por un grupo armado de policías y presumiblemente también miembros del Ejército Nacional. Los informes de la prensa argentina afirman que participaron tropas de la Gendarmería. Pero la Gendarmería Nacional fue fundada como una fuerza dentro del Ejército Nacional el 28 de julio de 1938.
Tras el fallo de Napalpí, se espera que en breve se revisen otros genocidios como el de Rincón Bomba en octubre de 1947 cerca de la localidad de Las Lomitas, en el entonces Territorio Nacional de Formosa (actual provincia de Formosa). Durante tres semanas, miles de personas desarmadas de la comunidad de Pilagá fueron asesinadas, violadas, esclavizadas, desaparecidas y heridas, incluyendo niños y mujeres.
Los revisores de la historia también esperan que se produzcan actos similares en relación con la llamada “Campaña al Desierto”, mediante la cual las fuerzas argentinas conquistaron la Patagonia a las comunidades nativas a finales del siglo XIX.
