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Ola de ilegalización de ONGs en Nicaragua parece no tener fin
Numerosas ONG han denunciado que las autoridades se negaron a recibir documentos para luego acusarlas de incumplimiento. La Asamblea Nacional de Nicaragua votó este miércoles la ilegalización de otras 50 ONG a petición del Gobierno del presidente Daniel Ortega.
La mayoría legislativa sandinista de Ortega fue decisiva para elevar a 187 el número de organizaciones sin ánimo de lucro ilegalizadas desde diciembre de 2018. La personería jurídica de las 50 ONG se dio por terminada con el voto de 75 legisladores sandinistas, cero votos en contra y 16 abstenciones, de los 91 legisladores que conforman el Parlamento.
”Estamos haciendo cancelaciones de personerías jurídicas en una fecha especial (Día de la Dignidad Nacional). Hay 50 asociaciones que no quieren cumplir con la ley, quieren violar la ley“, dijo el diputado sandinista Filiberto Rodríguez.
Los legisladores sandinistas tomaron su decisión basándose en dos listas de 25 ONG cada una, presentadas por el Ministerio del Interior en las últimas 24 horas.
La primera lista incluía una organización de derechos humanos, otra de mujeres, un movimiento político vinculado a los antiguos ”contras” que lucharon contra el primer régimen sandinista (1979-1990) y el Instituto Histórico Centroamericano (IHCA) de la Universidad Centroamericana (UCA) de los jesuitas.
En la segunda lista figuraban ocho ONG dedicadas al desarrollo socioeconómico, cuatro movimientos feministas, tres de la juventud, otras tres con fines medioambientales y dos grupos campesinos, así como otras dedicadas a la promoción de los derechos humanos, la ciencia, la medicina, la democracia y las artes.
Uno de los afectados fue la Fundación 10, del Canal 10 de televisión local, un medio de comunicación independiente que ha tenido que cerrar programas críticos con el Gobierno y ha visto cómo algunos de sus periodistas se exiliaban, alegando razones de seguridad.
Las ONG que trabajan en cuestiones de género también fueron canceladas: Asociación Programa Nacional Feminista La Corriente, Asociación Casa de la Mujer Bocana de Paiwas, Asociación para la Promoción de la Mujer de Waslala y Fundación Fondo Centroamericano de Mujeres, así como la Academia de Ciencias de Nicaragua.
Según el Ministerio del Interior, las ONG no cumplieron con su obligación de presentar sus estados financieros ni de revelar los nombres de sus juntas directivas.
Representantes de algunas de las ONG canceladas en meses anteriores, entre ellas la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), han denunciado que las autoridades nicaragüenses se niegan a recibir los documentos de las organizaciones y luego las acusan de incumplimiento.
En Nicaragua, con el voto de los diputados sandinistas y sus aliados, al menos 187 ONG nicaragüenses han sido ilegalizadas desde diciembre de 2018 -la mayoría críticas-, ocho meses después de que estallara una revuelta popular por unas polémicas reformas de la seguridad social calificadas como un intento de golpe de Estado por parte de Ortega.
Entre ellas están la Fundación Luisa Mercado, dirigida por el escritor nicaragüense exiliado en España Sergio Ramírez Mercado, y la Asociación para el Desarrollo de Solentiname, fundada en 1982 por el fallecido poeta trapense Ernesto Cardenal (1925-2020), que fueron ilegalizadas el pasado 20 de abril.
El Ejecutivo también ha cancelado el registro de cuatro ONG estadounidenses y seis europeas.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha profundizado tras las polémicas elecciones del 7 de noviembre en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo, y segundo junto a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.
