El presidente de Perú, Pedro Castillo Terrones, anunció este domingo que las próximas acciones de su Gobierno estarán encaminadas a fortalecer la Segunda Reforma Agraria, porque, al fin y al cabo, “nuestras tierras nos dan todos los alimentos y nuestros hermanos campesinos merecen ser apoyados de manera integral y rápida”.
“Hemos declarado la emergencia en el sector agrario para que, a través de [el Ministerio de Agricultura] @midagriperu, impulsemos diversas acciones para fortalecer la Segunda Reforma Agraria. Nuestras tierras nos dan todos los alimentos y nuestros hermanos campesinos merecen ser apoyados en de manera integral y pronta”, indicó Castillo a través de su cuenta de Twitter.
La declaratoria de emergencia tendrá una vigencia de 120 días, durante los cuales el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) presentará un plan de emergencia. Castillo ya había anunciado su intención de declarar la emergencia durante su comparecencia ante el Congreso el 15 de marzo.
Manifestaciones callejeras se sucedieron este pasado fin de semana en Lima. Los partidarios de la destitución de Castillo marcharon el domingo, mientras que los que objetaron la decisión de la Corte Constitucional de restablecer un indulto a favor del expresidente Alberto Fujimori lo hicieron el sábado.
La mayoría de los manifestantes anti-Castillo vestían ropa roja y blanca y ondeaban la bandera peruana con pancartas que decían Gran marcha por la vacancia. Según informes de la prensa local, los grupos provenían de Fuerza Popular de Keiko Fujimori (hija de Alberto) y también del Partido Aprista Peruano.
El lunes pasado (14 de marzo) un pleno del Congreso admitió que se debatirá una moción de vacancia contra el mandatario el 28 de marzo, por la supuesta participación del presidente en actos de corrupción.
En tanto, el sábado se realizó otra marcha por el centro de Lima en contra de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que dará como resultado la liberación de Alberto Fujimori, a pesar de estar condenado a 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad. La Marcha Nacional contra el indulto contó con la participación de familiares de las víctimas de las masacres de las que Fujimori fue declarado responsable luego de que 25 personas fueran asesinadas en los Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992).
El abogado de Fujimori, César Nakazaki, insistió en que el indulto no tiene nada que ver con la impunidad y que se trata de una medida humanitaria dada la edad y el deterioro de la salud del exjefe de Estado. Hizo hincapié en que Fujimori estaba con apoyo de oxígeno.