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Lunes, 23 de mayo de 2022 - 08:54 UTC

 

 

Estados Unidos acusa a extranjero en relación con asesinato del presidente de Haití

Sábado, 22 de enero de 2022 - 09:57 UTC
Si es declarado culpable, Jaar enfrenta una sentencia máxima de cadena perpetua. Si es declarado culpable, Jaar enfrenta una sentencia máxima de cadena perpetua.

Un empresario de 49 años que tiene doble ciudadanía de Haití y Chile ha sido acusado en Estados Unidos de estar relacionado con el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse en la residencia de este último en Puerto Príncipe el pasado 7 de julio.

Un individuo de nombre Rodolphe Jaar ha sido detenido por “conspirar para cometer un asesinato o un secuestro fuera de los Estados Unidos y brindar apoyo material que resultó en la muerte, sabiendo o con la intención de que dicho apoyo material se utilizaría para preparar o llevar a cabo la conspiración para matar o secuestrar” a Moïse, cuya esposa resultó herida durante el ataque y fue trasladada en avión a Miami para recibir tratamiento.

Si es declarado culpable, Jaar enfrenta una sentencia máxima de cadena perpetua, dijo la jueza Lauren Louis del Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Florida al acusado a través de Zoom debido a restricciones por COVID-19. Jaar fue transferido a Miami desde República Dominicana el miércoles por la tarde.

Durante su comparecencia ante el tribunal, Jaar vestía un uniforme penitenciario beige y estaba esposado. Se dice que proporcionó alojamiento a 20 colombianos con experiencia militar que fueron reclutados para presuntamente ejecutar una orden de arresto contra Moïse.

El acusado respondió a las preguntas en inglés. Dijo que no había obtenido ningún ingreso durante seis meses, no tenía una cuenta bancaria estadounidense, ni bienes raíces ni vehículos en los EE. UU. y que tenía alrededor de US $ 2,000 en una cuenta bancaria haitiana, por lo que necesitaba los servicios de abogado de oficio. Se nombró al abogado Joaquín Padilla, quien pidió al tribunal un tiempo para hablar con su cliente, lo cual le fue concedido.

El fiscal federal adjunto Walter Norkin solicitó que Jaar sea retenido sin derecho a fianza, señalando que no tiene estatus legal en los Estados Unidos y tiene antecedentes penales. Según informe, Jaar trabajó como informante de la Administración de Control de Drogas (DEA) después de ser arrestado en el sur de Florida en 2013, pero estas acusaciones no fueron corroboradas. El juez solicitó que se notifique al Consulado de Haití sobre la detención de Jaar.

Haití ha acusado a más de 40 personas en relación con el asesinato. Algunos están detenidos en Haití, uno murió de COVID-19 durante su detención y otros fueron liberados porque no había pruebas suficientes en su contra.

Además de la detención de Jaar luego de cruzar la frontera hacia la República Dominicana la semana pasada, el exsenador haitiano John Joel Joseph fue detenido por funcionarios jamaicanos en Kingston.

“Estados Unidos apoya una investigación exhaustiva e independiente sobre el asesinato del presidente Moïse de conformidad tanto con la ley haitiana como con los estándares internacionales del estado de derecho”, dijo un portavoz del Departamento de Estado.

Mientras tanto, el juez que investiga el asesinato de Moïse en Haití se excusó del caso. El juez Garry Orélien dijo que debido a que la decisión de cualquier magistrado de investigar un caso “es voluntaria, renunciamos a la causa registrada con el número 0764/20-21 sobre los hechos del asesinato del Presidente de la República Jovenel Moïse, esto por motivos personales”. Orélien se había hecho cargo del caso en agosto después de que renunciara su predecesor, Mathieu Chanlatte.

Orèlien ha sido criticado por el lento ritmo con el que manejó el caso, mientras que la Red Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH) lo ha acusado de corrupción junto con su secretario. En carta enviada el 18 de enero al Consejo Superior de la Judicatura, la RNDDH, citando testigos y víctimas, reveló que el juez recibió sobornos para liberar personas y anular órdenes de aprehensión y prohibiciones de salida del país.

“Tan pronto como fue nombrado juez de instrucción, Garry Orélien comenzó a contactar a los individuos en cuestión y les pidió a cada uno de ellos que le pagaran hasta US$ 50.000 por la cancelación de estas citaciones”, denunció la organización.

Hay decenas de detenidos en el caso, incluido el presunto autor intelectual de la operación, el médico haitiano-estadounidense Christian Emmanuel Sanon.