Según el Índice Global de Pensiones (GPI por su sigla en inglés) emitido por el Mercer Institute, los sistemas de América Latina figuraron entre los peores de los 43 países encuestados, con Argentina en el puesto 42, solo un escalón por encima de Tailandia.
El índice se centra en una lista de países que representan alrededor del 65% de la población mundial y se basa en la adecuación, la sustentabilidad y la integridad de los mecanismos previsionales.
Tailandia y Argentina también terminaron 43 y 42 en 2020, pero Argentina anotó 41,5 puntos en 2021, en comparación con los 42,5 del año anterior, mientras que Tailandia cayó de 40,8 a 40,6.
Entre los que estaban en la misma página estaban: 41. Filipinas (42,7 puntos); 40. India (43,3); 39. Turquía (45,8); 38. Corea del Sur (48,3); 37. México (49); 36. Japón (48,8); 35. Indonesia (50,4).
Los mejores países latinoamericanos fueron Chile (16, con 67 puntos), luego Uruguay (20, con 60,7 puntos), Colombia (25, con 58,4 puntos), Perú (29, con 55 puntos) y Brasil (30, con 54,7 puntos).
Encabezando la lista estaba Islandia con 84,2 puntos, seguida de Holanda con 83,5 y Dinamarca con 82. Noruega ocupó el cuarto lugar con 75,2 puntos, apenas por encima de los 75 puntos de Australia.
El estudio también revela que los sistemas de pensiones pueden contribuir en gran medida a reducir la brecha de género en las pensiones, un problema inherente a todos los sistemas.
En comparación con 2020, China y el Reino Unido son los países que han experimentado la mayor mejora como resultado de una importante reforma de las pensiones, que condujo a mejores resultados para las personas y la regulación de las pensiones.
La “boleta de calificaciones” de Mercer, similar a los esquemas de graduación de las universidades norteamericanas y las agencias de calificación crediticia, incluye 6 niveles. Debajo de A están los B+ (puntuación general, 70 a 80 puntos), en los que también cubren tres países (Australia, Israel y Noruega) y B (aquí aparece un grupo más numeroso de países, entre ellos Chile, con su sistema de AFPs), cuyos sistemas de pensiones se consideran “saludables en estructura, con varias características buenas, pero áreas en las que necesitan mejorar”.
Los grados C+ y C+ (entre 50 y 65 puntos) abarcan países cuyos sistemas de pensiones tienen, según Mercer, algunas buenas características, pero también importantes riesgos y debilidades, sin cuyas mejoras peligra su eficacia y sostenibilidad.
La presidenta y directora ejecutiva de CFA Institute, Margaret Franklin, señaló que es más importante que nunca comprender cómo se pueden mejorar los beneficios de jubilación. “La pandemia ha exacerbado las desigualdades socioeconómicas en muchas partes del mundo. Y, desde una perspectiva de inversión a largo plazo, estamos inmersos en un entorno no muy complejo, con tasas de interés históricamente bajas y, en algunos casos, retornos negativos que afectan claramente la rentabilidad”, dijo Franklin.
En este sentido, también señaló que “para empeorar la situación, la brecha de género en las pensiones plantea retos adicionales y urgentes, ya que las mujeres deben afrontar sus años de jubilación con menores prestaciones. Con estas preocupaciones en mente, la promesa de una jubilación segura depende de que los formuladores de políticas y las partes interesadas de la industria tomen medidas colectivas para analizar las fortalezas y debilidades de los sistemas de pensiones, con el objetivo de brindar mayores beneficios de jubilación a todas las personas”.
El Dr. David Knox, socio sénior de Mercer y autor principal del estudio, dijo que era fundamental que los participantes en la industria de las pensiones actuaran de inmediato. Los gobiernos de todo el mundo han respondido al COVID-19 con niveles significativos de estímulo económico, lo que ha aumentado la deuda pública y reducido la posibilidad de que los gobiernos puedan apoyar a su población de ancianos en el futuro.
Los sistemas de pensiones de todo el mundo se inclinan cada vez más hacia los planes de acumulación, en lugar de los tradicionales planes de beneficios definidos. A pesar de los desafíos que se avecinan, este no es el momento de detener la reforma de las pensiones, sino de acelerarla. Las personas deben ser cada vez más responsables de su propia jubilación y necesitan una regulación y una gobernanza sólidas para recibir apoyo y protección, añadió.
“En Argentina, las mujeres tienen desafíos económicos que aún no han sido adecuadamente resueltos. Las desigualdades en el mercado laboral se trasladan al ámbito de la seguridad social como desigualdad de cobertura contributiva”, dijo Clara Estevarena, directora de Patrimonio de Mercer para Argentina, Bolivia, Uruguay y Paraguay.
“Hay 4 factores que inciden negativamente en la capacidad de las mujeres para consolidar los derechos de pensión: el menor nivel de participación femenina en la fuerza laboral en comparación con la masculina; las diferencias considerables en la remuneración entre los géneros; la mayor probabilidad de una carrera más corta o interrumpida y la excesiva presencia de mujeres en el trabajo informal y vulnerable”, explicó.
En cuanto al caso peruano, su sistema de pensiones comprende una pensión basada en el ingreso pagada a los más necesitados y dos sistemas de pensiones paralelos y mutuamente excluyentes. Las personas pueden elegir al afiliarse entre un sistema público de distribución de beneficios definidos y un sistema privado de gestión única.
Sólo pueden cambiar las personas acogidas al sistema de prestación definida, ya que es una decisión irreversible. Los patrones no realizan aportes al sistema, todos los aportes son realizados por el trabajador; sin embargo, se permiten las contribuciones voluntarias del empleador.