Luxemburgo anunció el retiro de su embajada en Managua, mientras que las relaciones diplomáticas con Nicaragua serán manejadas por la Embajada en Washington, DC a partir del 1 de febrero. El Encargado de Negocios Joe Geisbusch finalizará su misión el 30 de enero.
El Ministerio de Relaciones Exteriores del Gran Ducado de Luxemburgo ha decidido suspender las actividades de la Embajada de Luxemburgo en Managua a partir del 1 de febrero de 2022, se lee en un comunicado.
Según una emisora de radio de Managua, la delegación de Luxemburgo solía realizar programas para diferentes sectores de la población, como becas y donaciones de alimentos.
La decisión de Luxemburgo se produjo un día después de que el régimen de Daniel Ortega anunciara que el presidente iniciará su quinto mandato total y cuarto consecutivo durante una ceremonia en la Plaza de la Revolución el próximo lunes.
El exguerrillero sandinista de 76 años, en el poder desde 2007 tras haber coordinado una Junta de Gobierno de 1979 a 1985 y presidido el país por primera vez de 1985 a 1990, ganó las elecciones del pasado 7 de noviembre con un 75,87%. de los votos, mientras que la mayoría de sus oponentes políticos estaban en prisión o en el exilio.
La Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución en la que aseguró que esas elecciones carecían de “legitimidad democrática” y no eran libres, ni justas ni transparentes. Estados Unidos describió las elecciones como una pantomima y la Unión Europea (UE) dijo que eran falsas.
El régimen de Ortega acusó a la OEA de “injerencia” y anunció que Nicaragua tenía la intención de dejar la organización.
Entre los países que felicitaron a Ortega por su reelección se encuentran Bolivia, Corea del Norte, Cuba, Irán, Palestina, Rusia, Siria, Venezuela y Vietnam.
Nicaragua vive una crisis desde la revuelta popular de abril de 2018 debido a las controvertidas reformas de la seguridad social que motivaron llamados a la renuncia de Ortega. El Gobierno respondió con fuerza. Las protestas dejaron al menos 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organizaciones locales mencionan 684 víctimas mientras que el gobierno solo reconoce 200.