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Acusan a prestador médico de São Paulo de administrar “eutanasia encubierta” en casos de COVID-19

Prevent Senior tendría cerca de 500.000 clientes.

El senador brasileño Otto Alencar habló de casos de “eutanasia encubierta” en la prestadora médica Prevent Senior, que también es sospechosa de haber recetado hidroxicloroquina a pacientes con COVID-19.

”Puedo decir que tenemos evidencia de que Prevent Senior sacó a los pacientes con coronavirus de las UCI (Unidades de Cuidados Intensivos) para trasladarlos a habitaciones híbridas donde se les administró morfina y otros medicamentos para tratamiento paliativo, no curativo, hasta que murieron”, dijo Alencar del conservador Partido Socialdemócrata (PSD), que también es miembro de la Comisión de Investigaciones Parlamentarias (CPI) sobre la pandemia.

Alencar, quien además es médico, dijo que tenía ”informes de los médicos de Prevent (Senior) sobre estos traslados para reducir el costo de las UCI, que en verdad son eutanasias disfrazadas, son crímenes contra la vida“.

Prevent Senior tendría cerca de 500.000 clientes, la mayoría en el estado de São Paulo.

Otros miembros de la CPI, como el senador Randolfe Rodrigues, consideran que existen vínculos ”claros“ entre esta firma y un ”gabinete paralelo“ creado por el gobierno federal junto con el Ministerio de Salud para fomentar la atención ”temprana“ con hidrocloroquina a los infectados con COVID-19.

Según Rodrigues, del partido Rojo de centroizquierda, Prevent ”habría alterado los registros médicos“ para ocultar el alto número de muertes por COVID-19.

Por otro lado, la Legislatura de São Paulo ha recogido las firmas necesarias para crear una Comisión de Investigaciones Parlamentarias propia que se dedique específicamente al caso Prevent.

Los analistas brasileños también ven una conexión entre el caso Prevent Senior y el gobierno federal del presidente Jair Bolsonaro. Por ejemplo, la Dra. Nise Yamagushi, una habitual de Prevent, fue asesora de Bolsonaro.

Un informe de GloboNews ha llamado la atención pública sobre el caso de Tadeu Frederico de Andrade, de 65 años, quien luego de un mes de hospitalización e intubación, fue considerado una causa perdida, por lo que a su familia se le dijo que solo se le administraría un “tratamiento paliativo” para que pudiera ”morir con dignidad”.

Sus hijos reaccionaron, contrataron a un médico de otro hospital y vieron a su padre recuperarse. El caso fue llevado por el propio paciente al CPI de Covid y a la Fiscalía de São Paulo. El caso ha provocado investigaciones adicionales sobre estas denuncias, ya que se sospecha que el Ministerio de Salud federal estaba promoviendo protocolos para incentivar el uso de medicamentos sin evidencia científica.