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Fiscal agrega ex funcionarios macristas a caso argentino por contrabando de armas para derrocar a Evo Morales en 2019

El ex Canciller Faurie supuestamente manejó los asuntos por fuera de los canales normales

Un fiscal argentino decidió este lunes agregar a otros altos funcionarios de la administración del expresidente Mauricio Macri por su presunta participación en el suministro de armas a las fuerzas armadas bolivianas que ayudaron a derrocar a Evo Morales en 2019.

El ex Jefe de Gabinete Marcos Peña, el ex Canciller Jorge Faurie y el ex Secretario de Asuntos Estratégicos Fulvio Pompeo fueron agregados a la lista de imputados en el capítulo argentino de la investigación sobre los hechos históricos que condujeron a Janine Áñez a la presidencia interina de Bolivia tras la renuncia de Morales.

El Fiscal Claudio Navas Rial presentó cargos contra los funcionarios macristas por el posible delito de contrabando de armas y municiones al Estado Plurinacional de Bolivia en el período previo al golpe militar contra Morales.

Ya imputados en el mismo caso están el propio Macri, la exministra de Seguridad Patricia Bullrich y el ex ministro de Defensa Oscar Aguad, así como el entonces embajador argentino en Bolivia Normando Normando Álvarez García y el entonces jefe de la Gendarmería Nacional (Guardia de Fronteras) Gerardo Otero.

Así, la Fiscalía hizo lugar a una presentación de la actual ministra de Seguridad, Sabina Frederic, el ministro de Justicia, Martín Soria; y la titular de la oficina impositiva AFIP, Mercedes Marcó del Pont, quienes habrían proporcionado nuevas evidencias sobre dos reuniones supuestamente celebradas el 12 de noviembre de 2019 en la Casa Rosada.

Tras el primer encuentro, entre Macri y Faurie, este último habría firmado una “nota sospechosa, hasta ahora desconocida”, mediante la cual solicitaba el envío de tropas de la Gendarmería Nacional a Bolivia, con el pretexto de defender la embajada argentina. Según los informes, Faurie canalizó estos por fuera de las vísa ordinarias de la cadena de mando.

La segunda reunión habría tenido lugar en la oficina de Peña dentro de la Casa Rosada para organizar el envío de material bélico a la Policía y Fuerza Aérea de Bolivia al día siguiente (13 de noviembre de 2019). En el encuentro habrían participado Bullrich y Otero entre otros.

Navas Rial consideró que “los elementos aportados por los demandantes en esta ocasión permiten afianzar preliminarmente la hipótesis del caso planteada originalmente, al mismo tiempo que justifican dirigir la atención de la investigación a la conducta atribuida al entonces Jefe de Gabinete, Marcos Peña” como así como Faurie y Pompeo.

El magistrado a cargo del caso es el juez Javier López Biscayart.

Mientras tanto, Macri se sumó a una lista de exjefes de gobierno que han pedido a la Organización de los Estados Americanos (OEA) y a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que tomen medidas para preservar la vida y la salud de la encarcelada Áñez, quien este domingo intentó suicidarse después de enterarse de que enfrentaría cargos por crímenes de lesa humanidad.

El documento fue firmado por estos ex dirigentes: José María Aznar (España); Oscar Arias, Rafael Ángel Calderón, Miguel Ángel Rodríguez, Laura Chinchilla y Luis Guillermo Solís (Costa Rica); Nicolás Ardito Barletta, Ernesto Pérez Balladares y Mireya Moscoso (Panamá); Felipe Calderón y Vicente Fox (México); Alfredo Cristiani (El Salvador); Federico Franco y Juan Carlos Wasmosy (Paraguay); Eduardo Frei (Chile); Andrés Pastrana y Álvaro Uribe (Colombia); Osvaldo Hurtado y Jamil Mahuad (Ecuador); Luis Alberto Lacalle Herrera y Julio María Sanguinetti (Uruguay); y Jorge Tuto Quiroga (Bolivia).