El magistrado haitiano elegido para realizar la investigación sobre el asesinato del presidente Jovenel Moïse renunció este viernes al caso, alegando razones de carácter personal.
El juez Mathieu Chanlatte devolvió el expediente al decano del tribunal civil de Puerto Príncipe, el magistrado Bernard Saint-Vil, quien el lunes pasado había anunciado que se habían reforzado las medidas de seguridad tras el nombramiento de Chanlatte para el caso.
Otros jueces preseleccionados para supervisar los procedimientos rechazaron previamente la oportunidad después de recibir -supuestamente- amenazas de muerte.
Moïse fue asesinado en las primeras horas del 7 de julio dentro de su casa en un lujoso suburbio de Puerto Príncipe. Su esposa, Martine Moïse, resultó herida y fue trasladada en avión a Miami, Florida, para recibir tratamiento.
El caso está ahora bajo la competencia del Ministerio de Justicia de Haití. La portavoz de la Policía Nacional, Marie-Michelle Verrier, dijo a principios de esta semana que la policía había arrestado a 44 personas en relación con el crimen y había incautado armas, municiones y dinero en efectivo tanto en moneda estadounidense como haitiana.
Entre ellos hay 18 colombianos, cuatro haitianos estadounidenses y 22 haitianos, dijo Verrier. Entre estos 22 haitianos hay 20 policías, agregó.
El ministro de Relaciones Exteriores de Haití, Claude Joseph, expresó su preocupación por la capacidad del sistema de justicia de su país para procesar adecuadamente el caso. Me gustaría resaltar las limitaciones, debilidades y falta de experiencia del sistema judicial haitiano en el manejo de casos de tal complejidad, que han generado serias dudas sobre la capacidad, por un lado, para realizar con justicia esta investigación y, por el otro, encontrar y llevar ante la justicia a los responsables, escribió Joseph en francés al secretario general de la ONU, Antonio Guterres.
Joseph ha pedido a Naciones Unidas que abra una investigación internacional, pero aún no se ha dado respuesta, aunque la organización global ha admitido haber recibido tal solicitud, que “tendría que pasar por los órganos legislativos competentes de la ONU, como hemos visto ellos en el pasado por otros incidentes diversos en todo el mundo, ya sea el Consejo de Seguridad, el Consejo de Derechos Humanos u otros”, según un portavoz de la ONU.