Interpol Uruguay recibió una alerta roja por la detención del ex asistente macrista Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, pero su detención deberá esperar hasta que se responda su solicitud de asilo político, se informó.
Rodríguez Simón, en Montevideo como diputado argentino al Parlamento del Mercosur (Parlasur) es buscado por su presunta participación en actos de coerción para persuadir a los empresarios Cristóbal López y Fabián DeSousa de que lo mejor para ellos era vender su participación en el grupo mediático Indalo a grupos afines al ex alcalde de Buenos Aires y posteriormente presidente Mauricio Macri por las consecuencias legales que les acarrearía no hacerlo. Es decir, se le busca por presunta asociación para cometer un delito.
Pepín ya tiene prohibido salir de Uruguay a la espera de que se las autoridades se pronuncien sobre su solicitud de asilo político y su detención no se llevará a cabo porque no presenta riesgo de fuga, habiendo comparecido ya ante la jueza uruguaya cuando fue citado.
Una alerta roja significa que el sospechoso debe ser retenido provisionalmente pendiente de extradición, entrega o acción judicial similar, pero la fiscalía entiende que la solicitud de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) no tiene efecto sobre lo resuelto por la jueza del Crimen organizado Adriana Chasmarián.
La semana pasada, Chamsarián dictaminó que Rodríguez Simón debe establecer un domicilio en el país y entregar su pasaporte. También ordenó que se detuvieran todos los procedimientos hasta que se resuelva el caso de asilo político.
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El organismo uruguayo de siete miembros que asesora al gobierno sobre casos de asilo político tiene 90 días para emitir un veredicto.
La jueza federal de la Ciudad de Buenos Aires María Romilda Servini emitió una orden de captura contra Pepín en un caso presentado por De Sousa contra Macri, “Pepín” y otros miembros de ese gobierno por lo que entienden fue una “asociación ilícita” para privarlos de sus empresas, una acusación que parece estar respaldada por conversaciones telefónicas a las que ha tenido acceso el tribunal. “Rodríguez Simón entregó recientemente pruebas públicas más que suficientes de su intención de esquivar la justicia, que reitero fue ratificada por su abogado defensor el 18 de mayo de 2021”, escribió Servini.
En una entrevista televisiva desde Uruguay, Pepín acusó a López y a Servini de, con el apoyo del gobierno argentino, montar una persecución judicial para ponerlo en prisión e incluso mencionó que el presidente Alberto Fernández, antes de asumir el cargo, estaba en la nómina del grupo empresarial de Cristóbal López.