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Corrupción y destino de los fondos saqueados en Venezuela según investigación de BBC

Alejandro Andrade fue guardaespaldas y secretario privado del fallecido o Hugo Chávez, quien lo nombró como Tesorero Nacional de Venezuela entre 2007/2010

Alejandro Andrade vivía en una mansión valorada en más de US$8 millones, coleccionaba caballos de competencia, relojes de marca y autos de lujo. En noviembre de 2018, Andrade fue condenado en Estados Unidos a 10 años de prisión por lavado de dinero y se convirtió en la figura más emblemática de las numerosas denuncias de malos manejos de fondos públicos que durante años han surgido en la Venezuela chavista.

Este teniente retirado fue guardaespaldas y secretario privado del fallecido mandatario Hugo Chávez, quien lo nombró como Tesorero Nacional de Venezuela entre 2007 y 2010. En ese lapso, Andrade se enriqueció dando acceso a ciertos empresarios privilegiados a miles de millones de dólares que él manejaba gracias al sistema de control de cambios instaurado en ese país.

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Durante el juicio reconoció haber cobrado sobornos por US$1.000 millones y se comprometió a entregar a las autoridades estadounidenses un monto equivalente. Así fue como le fueron decomisadas cinco propiedades, diez vehículos de lujo, 17 caballos de competencia, 35 relojes de marca, así como el dinero depositado en nueve cuentas bancarias en EE.UU. y Suiza.

Nunca antes se había recuperado en un juicio criminal en Florida tanto dinero procedente de la corrupción en un país extranjero.

“Es el caso más grande en la historia de la Florida” bajo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero», dice a BBC Mundo el abogado Michael Díaz, director principal del bufete Diaz Reus & Targ, quien representó a dos personas implicadas en el juicio de Andrade.

Pero este no es el único proceso de corrupción en Venezuela que se investiga en Estados Unidos, donde hasta febrero de 2021 había 38 casos que involucraban a 164 personas y numerosas empresas, de acuerdo con la ONG Transparencia Venezuela, una filial de Transparencia Internacional.

El pasado 21 de abril, un tribunal de Florida condenó a Edoardo Orsoni, un ex representante legal de la estatal PDVSA, por haber aceptado sobornos de empresarios a cambio de la concesión de contratos con la petrolera venezolana. Orsoni se comprometió a devolver US$4,5 millones, incluyendo la entrega de dos propiedades en un condominio de lujo en el cotizado barrio de Brickell, en Miami.

Entre los montos recuperados en los juicios de Andrade y Orsoni hay una diferencia enorme, pero en ambos casos se trata de cantidades importantes para una Venezuela que está inmersa en una profunda crisis económica.

De cualquier modo, no será fácil que esos fondos regresen a su país de origen. Pero, ¿de cuánto dinero estamos hablando?

Venezuela vivió una bonanza petrolera durante la primera década de este siglo que, con algún altibajo, se extendió hasta 2014. Se estima que en ese periodo obtuvo ingresos por US$1 billón, es decir, un millón de millones de dólares.

De esos fondos, de acuerdo con denuncias hechas en 2016 por Jorge Giordani, quien fue miembro del gabinete de manera casi ininterrumpida durante 14 años (primero con Chávez y luego con Nicolás Maduro), se habían perdido unos US$300.000 millones, cuyo uso no aparecía bien respaldado en las cuentas públicas.

Considerado como el «cerebro» económico del chavismo como ministro de Planificación, Giordani salió del cargo en 2014, cuando se distanció de Maduro.

Transparencia Venezuela ha ubicado alrededor del mundo 236 casos relacionados con corrupción en Venezuela, de los cuales sólo se conoce la cantidad de dineros públicos comprometida en 114 casos: US$52.000 millones.

Pero ¿cuánto de este dinero se ha recuperado en Estados Unidos? No hay una respuesta exacta hasta ahora.

«El Departamento de Justicia sabe cuánto ha decomisado en cada caso. El gobierno tiene esas cifras, pero no están disponibles para el público de una forma sistemática y organizada, por lo que para saber esta información hay que ir juntando datos sueltos en notas de prensa y resoluciones judiciales», dice a BBC Mundo Nate Sibley, investigador de la Iniciativa contra la Cleptocracia del Instituto Hudson.

El Departamento de Justicia de EE.UU. declinó participar en este reportaje, mientras que el Departamento del Tesoro no respondió a las consultas de BBC Mundo sobre este tema.

Cifras manejadas por la Iniciativa para la Recuperación de Activos de Venezuela (Inrav), una ONG formada por ciudadanos venezolano-estadounidenses, valoran en unos US$1.500 millones el monto de los bienes decomisados hasta ahora en el contexto de estos juicios por corrupción en Estados Unidos.

Aunque no hay una cifra oficial acerca de cuánto de ese dinero se encuentra disponible de forma inmediata, varias fuentes conocedoras del tema coincidieron al decir a BBC Mundo que hay unos US$500 millones.

El resto corresponde a bienes decomisados que no han sido vendidos aún o están relacionados con procesos judiciales aún inconclusos.

Para poner estas cifras en contexto, cabe destacar que el monto total decomisado equivale a casi una cuarta parte de las reservas internacionales del Banco Central de Venezuela (unos US$6.269 millones), mientras que el dinero que toda la comunidad internacional ha dedicado durante los últimos cuatro años a atender la crisis migratoria de Venezuela suma unos US$580 millones.

Aunque el de Andrade es el mayor caso resuelto de recuperación de bienes robados por la corrupción en Venezuela, no es el proceso más grande que se conozca.

En Andorra están siendo juzgados varios ex funcionarios de PDVSA acusados de cobrar US$2.300 millones en sobornos.

La gran diferencia es que en Estados Unidos ya hay varios juicios concluidos y que muchas de las personas que han sido investigadas en ese país han colaborado activamente con la justicia, optando por declararse culpables y por facilitar las investigaciones.

En la práctica, eso ha derivado en una mayor recuperación de bienes y, también, en unas condenas atenuadas o, incluso, inexistentes.

El abogado Michael Díaz afirma que las dos personas a las que representó en el caso Andrade (un familiar y un ex socio del ex tesorero chavista) nunca fueron imputadas ni sufrieron alguna sanción como la revocatoria de la visa estadounidense. Eso sí, colaboraron con las investigaciones y entregaron bienes equivalentes a unos US$300 millones.

En el caso de Orsoni, otro cliente de Díaz, pese a su admisión de culpa le sentenciaron a cumplir solamente tres años en libertad condicional.

Esta pena atenuada fue solicitada por la propia Fiscalía, que señaló en un documento que el acusado había provisto una «asistencia sustancial que favoreció la investigación del gobierno y el enjuiciamiento de otras personas que han cometido delitos contra Estados Unidos».

Pero ¿qué pasa con esos recursos una vez que son decomisados al terminar los juicios?

«Legalmente la propiedad de los bienes decomisados se transfiere a Estados Unidos», responde Nate Sibley, del Instituto Hudson, un centro de estudios con sede en Washington.

Una vez concluidos estos procesos penales este dinero es depositado en un fondo del gobierno estadounidense en el que se acumulan los recursos procedentes de todos estos juicios por corrupción en distintos países del mundo.

Esos recursos pueden ser usados para cubrir los gastos asociados con la investigación y con el decomiso y gestión de los bienes recuperados, así como para retribuir a las agencias del gobierno que participaron en el caso y para responder a las reclamaciones de los acreedores o de las víctimas.

«No suele ser un proceso particularmente transparente, es algo que ocurre tras bastidores entre las agencias gubernamentales», apunta Sibley.

Díaz explica que el Departamento de Justicia decide cuáles de sus agencias compartirán esos fondos.

Señala que en el caso de Andrade la instrucción que recibieron sus clientes por parte del Departamento de Justicia fue entregar la mitad de los recursos al Departamento de Seguridad Nacional y la otra parte, al Cuerpo de Alguaciles de Estados Unidos.

«Todo eso se hizo con la aprobación del Departamento del Tesoro e incluso del Ejecutivo, del presidente de Estados Unidos», asegura.

Sibley afirma que aunque no haya mucha transparencia y pese a que efectivamente en el corto plazo el gobierno estadounidense puede usar esos recursos para financiar otras operaciones anticorrupción, el objetivo final es devolverlos a sus países de origen.

«Ellos no toman simplemente el dinero y se olvidan. Saben que ese dinero fue robado«, afirma. Pero, entonces, ¿es posible que Venezuela recupere ese dinero? Es complicado…