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Almagro condena vandalismo y brutalidad policial en Colombia
“La Secretaría General de la OEA reconoce la protesta pacífica como un derecho fundamental fundamental que debe ser protegido por las instituciones democráticas”, dijo Almagro. El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, condenó el viernes “los casos de tortura y asesinatos cometidos por las fuerzas del orden” en Colombia, donde reina el malestar desde el 28 de abril.
Varias protestas han tenido lugar en Colombia desde que el presidente Iván Duque presentó al Congreso un proyecto de ley de reforma tributaria que iba a ser laxo para con los más ricos y severo para la clase media, en contraste con la tendencia actual del mundo de trasladar la carga hacia quienes pueden afrontarla, como ya ha sido el caso de Argentina y Bolivia y algo que es alentado por líderes mundiales como el presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, o el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres.
Las manifestaciones han sido aplastadas por la policía con una brutalidad sin precedentes que el mundo pudo presenciar a través de videos caseros que se volvieron virales en las redes sociales. Colombia ha registrado hasta ahora 37 muertes violentas este año según la ONG Temblores.
“La Secretaría General de la OEA reconoce la protesta pacífica como un derecho fundamental fundamental que debe ser protegido por las instituciones democráticas”, dijo Almagro. Agregó que “el derecho a la protesta es un derecho de las personas y de la sociedad y debe ser muy valorado como forma de participación política”.
Almagro subrayó asimismo que quienes no protestan también tienen derechos y estos no pueden ser vulnerados cuando se ven afectados derechos fundamentales de la población como la salud, el trabajo, la educación y la libre circulación. “En este sentido, se insta al cese de los bloqueos cuando se vulneren estos derechos fundamentales de las personas y se apoye una paz social más amplia en el marco de las demandas que se quieran hacer”, dijo Almagro en referencia a los bloqueos viales que han afectado el suministro normal de alimentos y medicinas a varias ciudades del país.
Pero también lamentó la violencia respaldada por el Estado: “Condenamos especialmente los casos de tortura y asesinato cometidos por las fuerzas del orden”, dijo. “Valoramos el informe enviado por la Defensoría del Pueblo a la Procuraduría General de la República sobre el enjuiciamiento de la responsabilidad penal de aquellos miembros de la fuerza pública que se han excedido y han cometido un delito que viola los derechos fundamentales de la ciudadanía”, prosiguió Almagro, quien pidió además el enjuiciamiento de quienes hayan cometido acciones de carácter terrorista contra las instituciones y autoridades del Estado.
“La Secretaría General de la OEA exige que los actores externos e internos que inducen la violencia y la desestabilización del país detengan estas acciones y hace un llamado a los grupos violentos organizados para detener sus acciones delictivas”, señaló Almagro. La Organización de los Estados Americanos apoya el proceso de conversación liderado por el gobierno nacional y hace un llamado a todas las fuerzas sociales y políticas a trabajar juntas hacia este objetivo.
Las Naciones Unidas también han pedido el cese de las acciones criminales en Colombia y se han opuesto a la “pérdida de vidas, los incidentes de violencia y el uso desproporcionado de la fuerza durante las protestas”. La ONU se pronunció a favor de que “se garantice el derecho a la libertad de reunión pacífica y de protesta, e [insistió] en que cualquier acción de la fuerza pública debe respetar plenamente la protección y el respeto de los derechos humanos”.
“El Acuerdo de Paz firmado en 2016 ofrece elementos para regular estas garantías y fortalecer la participación ciudadana”, dijo la ONU. También condenó cualquier forma de violencia, como el vandalismo contra infraestructura, casos graves de violencia sexual y acciones violatorias de los derechos humanos, por lo que instó al gobierno nacional a acelerar el proceso de “investigación, enjuiciamiento y sanción” de los responsables.
