El presidente de Bolivia, Luis Arce, anunció el martes que la oficina de impuestos de su país había recaudado el doble de lo estimado originalmente a través del “impuesto a los muy ricos”.
En su cuenta de Twitter, Arce explicó que días antes de la fecha límite, la recaudación ya superaba los 224,1 millones de bolivianos (más de 32 millones de dólares) de 203 millonarios, residentes en Bolivia o en el exterior, con activos superiores a los 30 millones de bolivianos (casi 4,3 millones de dólares).
Arce subrayó que el nuevo impuesto es parte del “desmantelamiento del neoliberalismo para retomar el Modelo Económico Social Comunitario Productivo y salir de la crisis”, ya que los ingresos generados contribuirán a la redistribución de los recursos.
Este impuesto es similar al que ya se promulgó en Argentina y que también fue promovido por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, días atrás.
También se le llama “impuesto solidario” porque, como señaló Guterres, está diseñado para reducir las desigualdades en la capacidad de combatir el coronavirus y acceder a las vacunas. Insto a los gobiernos a que consideren aplicar un impuesto a la solidaridad o al patrimonio a quienes se beneficiaron durante la pandemia, para reducir las desigualdades extremas, había dicho Guterres.
Estados Unidos también está considerando una medida similar. Con un pronóstico de déficit fiscal del 15% del PIB para fines de 2021, la administración del presidente Joseph Biden considera un impuesto de estas naturaleza para cubrir los pasivos actuales más otros costos de la pandemia.
Según el informe titulado Impuestos a la riqueza y las grandes fortunas en América Latina y el Caribe, el 41% de la riqueza está en manos del 1% de la población; el 3,8% de la recaudación tributaria es el aporte total de los ricos y 48.000 millones de dólares estadounidenses fue el incremento de las fortunas de los multimillonarios latinoamericanos de marzo a julio de 2020.
El mismo informe a cargo de la Red Latinoamericana por la Justicia Económica y Social detalla que en América Latina y el Caribe se estima que desde el inicio de la pandemia se ha retrocedido 15 años en la lucha contra la pobreza, alcanzando un promedio de 37 personas de cada 100. A finales de 2020, 45 millones de personas, que no eran pobres antes de la pandemia, lo serán. Se estima que 2,7 millones de negocios formales han cerrado y el PIB regional caerá un -9,1% a finales de este año.